El Senado de la República exhortó a los titulares del Ejecutivo federal, estatales y del Distrito Federal a informar sobre los casos de desaparición forzada de personas ocurridas en su jurisdicción y del estado jurídico que guardan.
En la sesión ordinaria de este día se pidió también a los congresos estatales legislar y tipificar el delito de desaparición forzada como un ilícito autónomo, de conformidad con las directrices contenidas en el informe del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU.
También se pidió en el punto de acuerdo a los gobernadores y titular del GDF atender los casos de desapariciones, fortalecer y consolidar la coordinación entre los distintos órdenes para atender este delito, e implementar un programa de seguimiento y evaluación de las investigaciones sobre desapariciones forzadas de personas.
En la misma sesión, se exhortó al Ejecutivo federal a establecer una estrategia que permita involucrar a las empresas y sus respectivas cámaras y confederaciones para localizar a personas extraviadas o desaparecidas, con el previo consentimiento de sus familiares.
Dicha estrategia, planteó, se deberá establecer en coordinación con los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Secretaría de Economía (SE) y Comunicaciones y Transportes (SCT), dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Lo anterior, a través de la inclusión de carteles de búsqueda de ciertos productos de consumo cotidiano, con base en datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, así como su difusión en radio, televisión y cinematografía.
Además, el pleno senatorial solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un informe sobre las investigaciones referentes a los hechos que dieron lugar a la queja promovida por la señora Julia Alonso Carbajal.
Dicha querella, sobre la desaparición -hace cinco años- de su hijo Julio Alberto López Alonso y los ciudadanos Óscar Chavana, Daniel Treviño y Leonardo Garza, ocurrida en el estado de Nuevo León.