NICOSIA. El Gobierno chipriota apretó el acelerador y, una semana después de reabrir los bancos, ayer selló el acuerdo con la troika, levantó parte de las restricciones al flujo de capital e instituyó la comisión encargada de depurar responsabilidades en torno a la crisis.

 

El ministerio de Finanzas anunció que a partir de ayer se alivian algunas de las medidas draconianas impuestas la semana pasada para evitar la fuga de capitales.

 

Lo principal del nuevo decreto aprobado es que a partir de ahora se permite a particulares efectuar pagos por cheque de hasta 9 mil euros (153 mil pesos)  mensuales por individuo y banco.

 

Se mantiene, en cambio, el límite de 300 euros (5,100 pesos) para la retirada diaria en efectivo.

 

También se decidió aumentar de 5 mil  a 25 mil euros el permiso de abono por cheque a las empresas; cantidades superiores a 25 mil e inferiores a 200 mil, estarán sujetas a la aprobación por parte del Banco Central de Chipre.

 

Apenas unas horas después de aprobarse este decreto y de que juraran en sus cargos los tres ex magistrados que componen la comisión que investigará el entramado bancario en torno a la crisis, el ministro de Finanzas, Mijalis Sarris, anunció su dimisión.

 

Sarris había estado en las últimas semanas -solo lleva algo más de un mes en el cargo- en el punto de mira de las críticas por su mala gestión de la crisis y por la falta de coordinación con el Banco Central de Chipre, cuyo gobernador, Panikos Dimitraidis, también está en la cuerda floja.

 

Pero Sarris dimitió por otro asunto: en 2012 fue durante ocho meses presidente de la junta administrativa del Banco Popular, (Laiki), ahora en proceso de liquidación y uno de los focos principales de las tareas de la comisión de investigación.

 

El ministro explicó que presentaba su dimisión precisamente para facilitar el trabajo de la comisión, habida cuenta del cargo responsable que desempeñó en el citado banco.

 

Un éxito fundamental para Chipre es haber ganado tiempo para la aplicación del memorando de entendimiento, como se denomina el acuerdo que impone las condiciones al rescate.

 

El memorando establece un periodo de amortización del préstamo de los 10 mil millones de euros de 22 años, a empezar a pagar dentro de diez, y a un interés que oscilará entre el 2.5% y el 2.7% .

 

Chipre tendrá plazo hasta 2018 para completar su programa de ajuste fiscal, dos años más de lo previsto inicialmente.