Pocos creían que Enrique Peña Nieto iría con todo en las reformas económicas en el mismo arranque de su gobierno. Incluso aquellos líderes empresariales de cámaras y organismos de representación, que insistieron tanto en que la parálisis de la economía se debía a que no había voluntad política para llevar adelante las reformas, se han visto sorprendidos.
Y cómo no si en tan sólo cuatro meses y medio ya han visto pasar por el Congreso una serie de reformas constitucionales relativas al sector laboral, a la Ley de Amparo, a la competencia económica, a las telecomunicaciones, al endeudamiento de estados y municipios y al Instituto Mexicano del Seguro Social, y ya están en camino diversas reformas al sistema financiero, a la explotación minera, y, muy pronto, a la explotación del petróleo y los recursos energéticos, así como cambios fiscales, especialmente en materia tributaria.
El vendaval de cambios impulsado por el presidente Peña Nieto tiene la lógica de aprovechar al máximo el “momento” de su primer año, apoyado en el Pacto por México que firmó con los partidos de la oposición en el Congreso, que viven serias fracturas en su interior. Dados los ciclos de maduración de las reformas que impulsa, Peña Nieto apuesta a que éstas cristalicen sus resultados hacia la segunda mitad de su gobierno, para cosechar los réditos políticos en las elecciones intermedias y en la elección presidencial de 2018.
La prisa, entonces, se explica.
Sin embargo, los riesgos también saltan a la vista. En sólo cuatro meses y medio ya hay un congestionamiento de reformas y de leyes secundarias por legislar que habrá que ver con qué calidad se procesan.
Pero lo más delicado de esta velocidad que ha impuesto el Presidente a las reformas tiene que ver con los frentes que está abriendo y que por lo misma inercia no logra cerrar, dejando asuntos pendientes y espacios que podrían salirse de control. Cuestión de control del proceso.
El de la reforma a la educación es un caso digno de mencionar porque cada vez más se suman expertos en la materia que señalan inexactitudes, vacíos o generalidades que preocupan. Y es que estas opiniones son “apoyos” indirectos a causas como la que defiende la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en sus vertientes estatales.
No extraña que en esta misma lógica, aunque respondiendo a distintos intereses, sean ahora los propios organismos empresariales y sus líderes quienes estén intentando plantar cara a algunas de las propuestas y enfoques de las reformas que impulsa el gobierno en el Congreso.
Ya vimos en días pasados la furia empresarial -aunque ciertamente desarticulada y con escasa solidez técnica- ante las propuestas del Ejecutivo para reformar al decadente IMSS.
Ya antes los empresarios intentaron modificar las reformas a la Ley de Amparo sin mucho éxito, dados los intereses particulares que resaltaron su propia división interna. Las reformas propuestas a la Cofeco y la configuración del nuevo organismo rector de las telecomunicaciones, Ifetel, también son motivo de rabietas de los líderes empresariales y el intento de cabildeo de algunos grandes empresarios en Los Pinos y Palacio Nacional.
Hasta los mineros brincaron el domingo pasado por la posibilidad de que el Congreso apruebe nuevos gravámenes a la explotación minera.
En fin. Que los frentes abiertos se han multiplicado recientemente con las ventajas que pretende haber calculado el equipo de Peña Nieto, pero también con los riesgos que ello conlleva.
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