En el marco de los “acuerdos y compromisos” establecidos por el Pacto por México, la reforma educativa fue aprobada el 20 de diciembre de 2012 por la Cámara de Diputados y el 21 de diciembre por el Senado de la República, siendo declarada constitucional por el Poder Legislativo federal y promulgada el 25 de febrero de 2013, por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el gobierno federal, la reforma educativa gira en torno a tres ejes de acción: lograr que los alumnos sean educados por los mejores maestros, creando el servicio profesional docente; hacer de la evaluación un mecanismo para mejorar la calidad de la enseñanza, a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y mejorar la formación integral de los alumnos, por medio de la autonomía de gestión de la escuelas.
En este contexto, a través de un comunicado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se declaró lista para protestar y “detener esa agresión” en contra de los maestros, ratificando su posición “de defender el carácter público de la educación; así como los derechos laborales de los trabajadores”.
Además, demandó la derogación de la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución, al señalar que las modificaciones son resultado de “la firma entre personas sentadas en un escritorio”, por lo que exige abrir un debate a nivel nacional.
Conviene destacar que desde finales de febrero, miembros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), organismo adherido a la CNTE, decidieron comenzar un paro indefinido de labores, la realización de protestas, un plantón afuera del Congreso local y del Palacio de Gobierno, así como la interposición de miles de amparos contra la reforma.
Diversos medios señalan que hasta el momento se tiene registro de, aproximadamente, 200 mil demandas de amparo interpuestas a nivel nacional, de las cuales 100 mil ya han sido concedidas.
Por su parte, la sección XXII de Oaxaca llevó a cabo un bloqueo de oficinas públicas y comercios en todo el estado; además, los maestros presionaron a los concesionarios locales de radio y televisión para que les dieran espacios gratuitos para difundir sus planteamientos contra la reforma.
Sin embargo, entre las muestras de inconformidad con mayor impacto destaca el bloqueo del 21 de marzo a la Autopista del Sol, llevado a cabo por la CETEG, mismo que duró seis horas y provocó la pérdida de unos 35 millones de pesos, afectando a 300 comercios y causando la cancelación de 200 reservaciones, según dio a conocer la Cámara Nacional de Comercio, misma que interpuso una denuncia en contra de los responsables de estos actos.
Este bloqueo a la autopista se repitió el 5 de abril, el cual fue desalojado por la policía federal. Posteriormente, a pesar del desalojo, el 11 de abril los maestros repitieron un tercer bloqueo, el cual muestra que su lucha continúa.
Por su parte, autoridades federales y estatales iniciaron averiguaciones previas y giraron órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la CETEG; pero la CNTE-CETEG advirtió que la activación de las órdenes de aprehensión podría provocar el “paro indefinido” en varios estados, así como la ruptura del diálogo y la petición de disolver los poderes locales en Guerrero.
Al respecto, el dirigente de la sección 18 de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, puntualiza que la CNTE “responsabiliza al gobierno, ya sea federal o estatal, según quien libere las órdenes de aprehensión, de que la Coordinadora se vaya al frente junto con Guerrero”. El acuerdo de la disidencia magisterial es continuar con la jornada de lucha y “exigir que se respete la educación pública, los derechos de los trabajadores, la democratización del SNTE y la defensa del normalismo a nivel nacional”.
Hoy, las demandas magisteriales no son exclusivas de Guerrero y Oaxaca, sino que ya están presentes en Chiapas, Michoacán, Morelos y la Sección 9 del Distrito Federal, y las actividades de proselitismo de la CNTE están encontrando eco en sectores de Jalisco, Tlaxcala, Baja California, Veracruz, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes y Durango. Asimismo, miembros de diversos grupos de autodefensa, así como de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) han comenzado a apoyar y a unirse al movimiento magisterial, dando lugar al Movimiento Popular Guerrerense (MPG), por lo que el rechazo contra la reforma educativa podría derivar en un conflicto popular a escala nacional, con la suma de actores y sectores con problemáticas diversas, entre los que destacan los mencionados grupos de autodefensa de Chiapas, Michoacán y Oaxaca, por lo que es urgente alcanzar los acuerdos necesarios que permitan una solución favorable.
*Simón Vargas Aguilar
Presidente de Educación y Formación con Valores A.C. y Analista
en temas de Seguridad, Educación y Justicia
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