Una vez más se hace presente el reclamo de México a Estados Unidos para que tome acciones y se detenga el tráfico de armas al país. En esta ocasión fue encabezado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la organización Amnistía Internacional y el Museo de Memoria y Tolerancia, que lanzaron un dirigible para manifestarse en un recorrido por la calle de Reforma. Con el slogan “Postea por la paz. #AdiosALasArmas”, el globo blanco tiene como objetivo demandar que se regule “la venta indiscriminada de armas que alimentan a los cárteles mexicanos”.

 

Una vez más, el desconocimiento del funcionamiento de los mercados ilegales hace que las demandas y reclamos sean infundados, ineficientes, que los manifestantes se vean ingenuos y sus acciones no pasen de ser un acto de propaganda política sin efectos en la política pública.

 

Los líderes de esta iniciativa realmente creen que estos reclamos tendrán un impacto en la venta de armas, creen que una “mejor regulación” terminará con la entrada de armas a México. Realmente creen que la regulación en EU va a terminar con la impunidad y violencia en México. El argumento puede parecer sensato, terminar con las armas reducirá la violencia, y como éstas se producen en los EU ellos son los culpables.

 

Sin embargo hay un punto fino que no se toma en cuenta al plantear este argumento; las armas que causan la muerte y violencia en el país entran y pasan sin ser detectadas por los puertos y aeropuertos del país. Cada arma con la cual se comete un atentado tiene un crimen de origen en México que inicia con la omisión de un funcionario de aduanas que la dejó entrar al país. El otro escenario, que hemos visto con mayor frecuencia, es el mal uso de un arma que pertenece a alguna fuerza del orden público o su mal resguardo. Basta con señalar el robo en la Comandancia de Tlalmanalco el fin de semana pasado o los incidentes en Ecatepec en el mes de febrero, donde un comando robó 16 armas largas. Lo trágico es que estas armas no cuentan con métodos de rastreo y México no tiene un centro nacional de rastreo de armas. Esta debería ser la propuesta central y exigencia de las ONG’s al gobierno de México y al de EU.

 

Lo que es increíble es que no contemos con información suficiente sobre el origen de las armas con que se comete un crimen, porque la autoridad en México no cuenta con la infraestructura ni las herramientas para hacer el rastreo de un arma, ya sea a partir del arma misma o de las balas que son disparadas.

 

Es por ello que los manifestantes deberían primero exigir un mejor desempeño de las aduanas del país y en segundo lugar el desarrollo de un centro nacional de rastreo de armas, que es una pieza fundamental para investigar los homicidios en el país.

 

Una tercera política pública, que puede sonar como un contrasentido, es la producción de armas en México. La falta de un productor privado de pistolas en el país hace que las policías importen lotes de proveedores extranjeros sin tener una uniformidad en cuanto a marcas, huellas de rastreo y adiestramiento. Un proveedor nacional, que inclusive podría ser el Ejército, aunado a un Centro Nacional de Rastreo de Armas ayudaría a identificar la localización y el uso de ellas.

 

El uso indebido y el tráfico de armas en México solamente puede ser resuelto con iniciativas que los mismos mexicanos llevemos a cabo. El culpar a EU nunca va a resolver el problema.

 

Posdata: El ex director del Cisen, Guillermo Valdés, planteó el despliegue de las fuerzas armadas en el país con base en su impacto en la opinión pública; ahora exhibe al Cisen en sus declaraciones al Washington Post, donde revela los centros de operación y hace, una vez más, vulnerables a sus funcionarios.