Los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto determinaron exentar del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los gobiernos estatales y municipales de todo el país, hasta en 100% en el ejercicio fiscal de 2012 y años anteriores, 60% en este año y 30% en 2014, como un paliativo a su endeudamiento, pero éstos no han informado el destino que dan a esos recursos.

 

Además, se desconoce el monto al que asciende la condonación mediante el decreto del entonces presidente Calderón en 2008 y, en diciembre del año pasado, en la Ley de Ingresos de la Federación 2013, a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto.

 

En el informe del primer trimestre de este año de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no aparece referencia alguna a dicha exención que para este año ha determinado que estados y municipios no reporten la retención de 60% del ISR de sus trabajadores; para 2014 la exención está prevista en 30%, siempre conforme con lo previsto en el Artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación 2013.

 

La legisladora federal panista Mariana Dunyaska García, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, considera errónea e inmoral la medida, “que nunca debió ser avalada por el Congreso (de la Unión)”, y urge a la Secretaría de Hacienda a transparentar esos recursos para que los gobiernos estatales y municipales informen en qué se gastaron el ISR retenido a sus trabajadores y no reportado al fisco.

 

En el decreto presidencial de fecha 5 de diciembre de 2008 y en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2013 no hay referencia alguna a la obligación de estados y municipios -incluye al Gobierno del Distrito Federal y sus 16 delegaciones políticas- de informar el monto del ISR retenido a sus trabajadores ni los rubros a los que se destinó el recurso.

 

En el último trimestre de 2012 la Secretaría de Hacienda reportó que la deuda de estados y municipios se había incrementado en 27 mil 996.6 millones de pesos, con relación al año anterior, ubicándose en 434 mil 761 millones 200 mil pesos. Ello implica que, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, la deuda creció a un ritmo de 120.5 millones de pesos diarios.

 

Inconformidades respecto de esa condonación, hay en dos escenarios: uno mediante amparo promovido por académicos e intelectuales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; otro, es un punto de acuerdo presentado en el pasado periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados.

 

En el recurso de amparo se reprocha la inconstitucionalidad del Artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación de 2013. En el punto de acuerdo se requiere a la Secretaría de Hacienda informe el monto de la condonación y que la Auditoría Superior de la Federación inicie auditorías para determinar si los recursos condonados “fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores o presidentes municipales”.