Las denuncias penales que Gustavo Madero anunció públicamente el pasado 17 de abril en contra de 57 funcionarios públicos de Veracruz han generado que ocho funcionarios hayan sido removidos de sus cargos y cesado el secretario de Finanzas de ese estado, Salvador Manzur Díaz.
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que las separaciones del cargo ordenadas por el gobernador de dicha entidad, Javier Duarte, son una señal positiva en la dirección correcta, pero aseguró que seguirán pendientes de que las autoridades federales y estatales avancen en el desahogo de las investigaciones.
Una vez que se dieron a conocer los videos donde se demostró la participación de funcionarios públicos en el manejo de programas sociales en beneficio de campañas electorales en Veracruz, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, destituyó a siete funcionarios de Sedesol en dicha entidad y removió de forma temporal al delegado federal, Ranulfo Márquez Hernández.
Fueron separados de sus cargos: Felipe Sosa Mora, coordinador operativo de Sedesol; Eli Jesser Mendoza y Raúl Molina, jefes de zona; Graciela Tejeda, enlace operativo del programa 65 y Más; Jesús Balbuena, del programa Oportunidades, y Mariano Molina, supervisor del mismo. Sin embargo, y a declaraciones tanto de políticos panistas como perredistas, los funcionarios de alto nivel no han sido despedidos.
Entre los 57 funcionarios que, de acuerdo con el PAN, han participado en manejos irregulares de los programas sociales, destacan Salvador Manzur Díaz, ex secretario de Finanzas; Pablo Rivera Anaya, secretario de Salud; Raúl Zarrabal Ferat, secretario de Comunicaciones, y Anselmo Estandía, alcalde de Boca del Río. De ellos, sólo Manzur Díaz ha sido públicamente cesado de su cargo.
Además del PAN, también el PRD ha expresado su rechazo por las acciones que se dieron a conocer con el caso de Veracruz, y anunciaron que el próximo lunes 13 de mayo presentarán denuncia penal en contra de la secretaria Robles como presunta responsable de peculado, ante supuestas irregularidades en el manejo de programas sociales.
Ayer el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, reafirmó que el Pacto por México está en un impasse por esta causa, pero “esperamos una mejor actitud del gobierno para poder crear un clima de un ejercicio democrático del poder y no solamente una mesa que construya propuestas”. Pidió además que las próximas elecciones de julio transiten “sin que haya una lanzada o un desplazamiento del gobierno para ganar elecciones, a través de recursos públicos federales”.
La semana pasada en una reunión, Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Madero exigieron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto concretar los compromisos asumidos, al coincidir en que la vigencia del Pacto por México es ahora responsabilidad del Poder Ejecutivo.
“Vigilaremos que las denuncias penales presentadas contra diversos funcionarios públicos, así como las demandas de juicio político, sean atendidas conforme a derecho”, manifestaron en el posicionamiento conjunto dado a conocer.
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