El lunes fue la constructora GEO la que se declaró en moratoria, incumpliendo sus obligaciones financieras con quienes compraron su deuda por la sencilla razón de que no tiene dinero para pagar.
Antes de GEO había sido otra constructora, Urbi, la que también anunció su incapacidad para hacer frente al servicio de su deuda. Y antes de Urbi, fue Hipotecaria Su Casita la que se declaró en incumplimiento generalizado de sus obligaciones.
El quebranto financiero de las mayores desarrolladoras de vivienda del país es evidente. Hace un mes que venimos señalando -en este espacio y en Arena Pública- esta crisis y lo que parece ya una inevitable declaratoria de concurso mercantil de algunas de estas empresas.
Pero esta crisis también tiene otras implicaciones. Y una de ellas la revela el comunicado que envió GEO a la Bolsa Mexicana de Valores, en el que dice: “A partir de esta fecha se constituye en mora y, en consecuencia, se hacen exigibles de inmediato en su contra y/o en contra de sus avalistas, todas las cantidades correspondientes a la suma principal insoluta de los certificados bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que deriven a su cargo conforme al título”.
La frase “y en contra de sus avalistas” tiene que resonar en la caja del gobierno federal y, particularmente, en la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
Pero vayamos por partes.
Desde hace años -y este caso no será la excepción- el gobierno federal de una u otra manera se ha puesto como aval de última instancia para enfrentar quebrantos inminentes con beneficios a particulares.
Fue el caso de Mexicana de Aviación, cuando Bancomext concedió créditos a una aerolínea en evidente situación de quiebra; cuestión que se concretaría pocas semanas después con la consecuente pérdida de los recursos públicos. También ha sido el caso del elevado endeudamiento en el que incurrieron los gobiernos estatales y municipales y en el que, veladamente, el gobierno federal se ha constituido en aval para enfrentar técnicamente esas deudas. De hecho, la aprobación en el Senado de la reforma constitucional para regular la deuda de estados y municipios no quita ese “aval” tácito del gobierno federal. Si bien hay un castigo político a los gobernantes locales, la reforma no evita que sea el gobierno federal quien, al final, pague esos “platos rotos” con el dinero de los contribuyentes.
Ahora, en el caso de las desarrolladoras de viviendas se vuelve a repetir el mismo esquema. Empresas que se sabe están a un tris de declararse en concurso mercantil, son avaladas por el gobierno federal, vía la SHF, en cuanto a sus proyectos y pasivos. Y este “aval” con recursos públicos sirve para que unos cuantos grandes bancos privados -que son los acreedores más importantes de estas deudas- no vean afectados sus balances.
Las preguntas sobre estos avales de la SHF a los pasivos y proyectos de Urbi, GEO, ARA o Homex, entre otros, las tendría que responder Hacienda; como también los cheques en blanco extendidos desde el gobierno federal a los gobiernos locales para enfrentar, con dinero público, su incapacidad de pago sin mayores consecuencias que el destierro político temporal.
