Por el desvío de más de 22 millones de pesos del IFE, la Auditoria Superior de la Federación busca a Gustavo Orozco Arroyo, ex director de Recurso Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2010.
El entonces funcionario simuló la compra de equipo, no devolvió a empresas proveedoras los montos que les correspondían y pretendió incrementar el costo real de un edificio que compraría el IFE en la Calzada Acoxpa.
Esas operaciones ocurrieron entre 2008 y 2009, y un año después iniciaron las investigaciones. Orozco Arroyo dejó el IFE en agosto de 2010, para dar un salto, unos días después, a la Secretaría de Gobernación, donde fue nombrado director de Planeación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
En ese cargo permaneció siete meses, hasta marzo de 2011. La Auditoría Superior dio conocer las irregularidades en el IFE, y la Función Pública más tarde inició sus propias revisiones.
Como suele ocurrir, las investigaciones llegaron tarde. La Función Pública lo destituyó, cuando ya no era funcionario, y lo inhabilitó apenas seis años a pesar del daño causado al erario, dinero que no le cobró ni tampoco lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR). La ASF lo está buscando con cuatro años de retraso y no lo encuentra, pero su legislación le impedía hacerlo antes.
Daño al erario
Como la Auditoría Superior no encuentra a Orozco Arroyo, debió publicar dos edictos para que comparezca el 22 de mayor y se defienda de las acusaciones por un daño al que suma 22 millones 774 mil 128 pesos. Si no aparece de declarará el daño y podría denunciarlo ante la PGR.
En la ASF existen dos expedientes en su contra. El primero establece que Orozco Arroyo simuló un contrato por el que supuestamente compró 300 servidores de computadora de IBM, por los que el Instituto pagó 19 millones 935 mil 488 pesos a la empresa Grupo Tecnología Cibernética S. A. de C. V.
Sin embargo, al revisar los documentos, en realidad esos servidores formaban parte de los que habían sido donados al IFE por parte de la misma compañía, Grupo Tecnología Cibernética, como parte de las condiciones de un contrato plurianual para la adquisición de la solución integral para la verificación y monitoreo de la transmisión de los tiempos oficiales en materia electoral.
Pero el daño no acabó allí. Orozco Arroyo permitió que la misma empresa, Grupo Tecnología Cibernética, no entregara otros 291 servidores.
El IFE debía recibir en total 600 de esos equipos, en dos facturas distintas, la número 10239 se cumplió con la entrega de 300 de esos equipos donados; pero de la número 10303 sólo se entregaron 9 de los otros 300 que debían comprarse, por lo que Gustavo Orozco no cumplió con la supervisión debida.
La Auditoría concluyó que “del simple análisis de las facturas 10239 y 10303 se observa que los 300 servidores marca IBM son los mismos, ya que los números de serie son los mismos”. La única variación que tenían en los contratos era que los números de serie eran antecedidos por una S, establece el informe de la ASF de 2009.
El segundo expediente señala un daño al erario por 2 millones 838 mil 640 pesos, por hacer deducciones, de nuevo a Grupo Tecnología Cibernética.
Gustavo Orozco Arroyo también está involucrado en irregularidades encontradas por la Contraloría General del IFE en la adquisición de un edificio en la Calzada Acoxpa, al ser responsable de solicitar los avalúos; dos de ellos al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y uno a Banobras.
Entre el primer avalúo (118 millones de pesos) y el tercero, emitido por Banobras, (225 millones de pesos) el costo del inmueble aumentó al doble, por lo que la Contraloría General estableció que Miguel Fernando Santos Madrigal, ex director ejecutivo de Administración, y Orozco Arroyo, tenían la intención de aumentar el precio del predio de Acoxpa en beneficio de un tercero y se estableció un daño patrimonial por más de 123 millones de pesos y la inhabilitación del director ejecutivo.
Por su parte, la Función Pública sancionó a Orozco Arroyo a partir de octubre de 2011, primero lo inhabilitó un año, después lo destituyó e inhabilitó por cinco años más; siguieron dos expedientes más en los que recibió los mismos castigos, por lo que hasta julio de 2017 podrá volver al servicio público. Pero en ningún caso se le impuso multa por el daño al IFE ni se le denunció en PGR.