Pese a que legalmente la Procuraduría General de la República (PGR) está facultada para intervenir en los municipios de Michoacán asolados por la presencia del crimen organizado y grupos de personas armadas, y realizar las detenciones que correspondan, la dependencia no lo ha hecho.
En entrevista con 24 HORAS, el vicepresidente del Colegio de Abogados de México, Julio Hernández Pliego, advirtió que la situación que se presenta en el estado desde hace cinco semanas justifica, al menos por dos vías, la intervención ministerial para frenar la comisión de delitos.
El especialista precisó que se trata de un delito en flagrancia, pues son personas que sin ser autoridad policiaca o militar patrullan la zona portando armas, en algunos casos de uso exclusivo del Ejército.
“En estos casos donde hay personas con armas es un delito flagrante de portación de armas, y lo que procede es la detención de una persona en el momento mismo de la comisión del delito o inmediatamente después de que es cometido el mismo. Es un caso donde se da perfectamente la hipótesis de flagrancia y puede haber detenciones”, indicó.
La segunda circunstancia que faculta la intervención de la PGR en la entidad es la amenaza de integrantes de la delincuencia organizada, quienes desde hace más de un mes sitiaron al menos cuatro municipios de la zona de Tierra Caliente en Michoacán, lo que obligó a varias empresas a salir de ahí.
Los delincuentes incluso distribuyeron panfletos en los que anunciaron este cerco y advirtieron a las empresas que no ingresaran a la zona.
El vicepresidente del Colegio de Abogados explicó que en estos casos, si bien no existe una denuncia de las víctimas, en muchas ocasiones por el mismo temor de sufrir represalias, la misma publicidad del hecho debe alertar de esto al Ministerio Público y cuenta como denuncia.
“Las mismas policías o medios de comunicación alertan a la autoridad de que se está cometiendo un delito o va a cometerse, eso se llama denuncia y el Ministerio Público puede y debe actuar”, dijo Hernández Pliego.
La única razón que justifica que hasta el momento la PGR no haya intervenido en la zona, podría obedecer a consideraciones políticas o de estrategia. “Seguramente hay otras razones distintas a las jurídicas pero eso no borra lo que la Constitución y la ley dicen y es muy claro”, enfatizó.
La semana pasada, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, sostuvo que el gobierno federal tenía un plan de actuación para las zonas en conflicto de Michoacán, sustentado en varias líneas de acción, pero no quiso dar mayores detalles.
De acuerdo con el gobierno federal, en el estado no se ha realizado ningún repliegue de las fuerzas federales desplegadas en la zona, que hasta finales del sexenio pasado superaba los seis mil 500 efectivos. No obstante, la gente del lugar reportó que fueron levantados los retenes que mantenían el Ejército y la Policía Federal desde hace varias semanas.
La PGR, por su parte, no ha informado de ninguna averiguación previa en curso por las amenazas que se han registrado en las últimas semanas en varios municipios.