El jueves pasado, el gobierno federal culminó “su recorrido” por el país para construir el Plan Nacional de Desarrollo, PND, cuyas conclusiones serán presentadas el próximo lunes 20 de mayo.
Según dijo el presidente Enrique Peña Nieto en la apertura del último de estos foros, se recogieron poco más de 200 mil propuestas ciudadanas desde el 28 de febrero pasado, cuando se lanzó el proceso de consulta que se instrumentó a través de cinco foros realizados en el Puerto de Veracruz, Monterrey, Puebla y la Ciudad de México.
En el foro “México próspero” participaron todas las secretarías de Estado que conforman el gabinete económico del gobierno y alrededor de 800 ciudadanos invitados a participar en nueve paneles de discusión en el Centro de Convenciones Bancomer de Santa Fe, en la Ciudad de México.
Una enorme movilización de infraestructura, uso de recursos públicos y desgaste de cientos de funcionarios públicos a cargo, a lo largo de 16 semanas de planes, consultas, procesamiento de información y transcripciones para elaborar tomos y tomos con el detalle de lo que será el PND de este sexenio.
A propósito, he comentado aquí que ha llegado el tiempo de dejar atrás este ritual faraónico de la planeación centralizada -y prácticamente inútil- del Plan Nacional de Desarrollo, para transitar hacia mecanismos de acuerdos políticos para el logro de objetivos precisos del desarrollo hacia el mediano y largo plazos, como el Pacto por México que ahora mismo está en marcha.
Pero, además, será necesario que éste sea complementado con reformas legales que no sólo favorezcan la presentación detallada de planes de gobierno por parte de partidos políticos y candidatos a la presidencia; sino también incentiven y obliguen a la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como la instrumentación de verdaderas instituciones ciudadanas de vigilancia del cumplimiento de la función pública. Ése sería un mejor PND.
El jueves pasado fui invitado por la SHCP a participar en la mesa sobre las tareas pendientes de la estabilidad económica. Creo que la lista de estos pendientes es aún extensa a pesar de que México es alabado en el exterior por su estabilidad macroeconómica. Uno de esos pendientes prioritarios es la transparencia en la información económica de los gobiernos.
Parto del principio de que todo lo que está a la vista tiene la posibilidad de ser corregido a tiempo y mejorado; y en la economía pública esto adquiere una relevancia mayor.
Si bien se ha avanzado en los últimos años en materia de transparencia en las finanzas públicas federales y en algunos organismos de regulación económicos; los pendientes son mayúsculos.
Existen amplias zonas grises y oscuras en la toma de decisiones, en el ejercicio presupuestal, en el registro y en la evaluación de los asuntos económicos en los tres niveles de gobierno. Allí están como muestra las oscuras finanzas de los gobiernos estatales y municipales, los portales de información de dependencias públicas con contenidos escuetos, confusos o inexistentes, o las políticas de “comunicación” oficiales diseñadas para ocultar información inconveniente o, simplemente, para incomunicar.
La estabilidad económica no es un objetivo ya alcanzado si no está sustentado en la transparencia que la revitaliza. Sin esta transparencia, la estabilidad económica es apenas una ilusión.
