El ahora ex procurador Humberto Benítez Treviño nunca pensó en renunciar. Eso les dijo a los periodistas hace una semana, el jueves pasado, una vez que se conoció la conclusión de las investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública en las que se le exime de cualquier responsabilidad sobre el caso conocido en la redes sociales como #LadyProfeco.

 

La explicación que tuvo Benítez Treviño para no pensar en la renuncia fue que no ordenó, ni autorizó la realización del operativo de verificación porque estaba convaleciente de una operación. No estuvo enterado de lo que ocurría, y por lo tanto, no tenía por qué renunciar, fue su razonamiento y el de los investigadores de la SFP que le dieron la razón.

 

De hecho, ayer en el comunicado de despedida de Profeco, una vez que el presidente Enrique Peña Nieto había ya determinado su remoción y ésta había sido comunicada a través de su secretario de Gobernación, Benítez Treviño volvió a insistir en que él “no tuvo injerencia” en aquellos hechos y, de paso, encontró un culpable de su salida. Dice el boletín: “El juicio de la opinión pública afectó la imagen y percepción hacia la Profeco como institución, y hacia su persona como servidor público, e incluso repercutió en su familia”.

 

Para Benítez Treviño no había razones suficientes para dejar el cargo pero el “juicio de la opinión pública” lo corrió del cargo. Se puede entrever que ese “juicio de la opinión pública” al que se refiere es la opinión de los articulistas y columnistas de la prensa y la animadversión que se ha ejercido desde las redes sociales cuando se destapó el caso.

 

Por lo visto, el ex procurador nunca entendió que era un servidor público sujeto al juicio de ciudadanos cansados de una cultura de la prepotencia y de la corrupción en el uso de los recursos públicos, y de una nula rendición de cuentas sobre las responsabilidades que les han sido asignadas. De eso se trató el caso #LadyProfeco que despertó la indignación generalizada en las redes sociales. Por eso Benítez Treviño -acostumbrado a las prácticas de la política de los privilegios a partir de la propiedad privada del poder público- nunca consideró a la renuncia como el paso de honor de un servidor público que había perdido toda autoridad en una institución que sirve a los ciudadanos.

 

La decisión del Presidente de remover al titular de Profeco después de estos hechos, es una que envía señales en la dirección correcta. Como dijimos ayer, el costo de no hacerlo solo identificaba al Presidente con el viejo “modus vivendi” priista; un riesgo vigilado de cerca por sus críticos cuando su gobierno está a punto de entrar al clímax de las reformas.

 

Queda claro que la decisión de Peña Nieto no fue voluntaria, sino que el Presidente se vio obligado a tomarla ante la avalancha de críticas que recibió y ante la potencial nulidad de un organismo supervisor como Profeco. Y ello obliga a una reflexión: El juicio ciudadano -potenciado por las redes sociales- es un factor de poder que los gobernantes ya no pueden ignorar y que los ciudadanos debemos usar con responsabilidad y firmeza. Bienvenido.