SANTIAGO, Chile.— Un juez acogió a tramitación el jueves una querella contra la ex presidenta Michelle Bachelet, presentada por un abogado oficialista que busca que la ex mandataria sea procesada por las más de 150 personas que murieron por causa del tsunami que siguió al terremoto de febrero de 2010.

 

El magistrado del septimo juzgado de garantía, Ponciano Sallés, dijo que “el tribunal tiene presente diligencias solicitadas” y que enviará los antecedentes a la Fiscalía Nacional.

 

La fiscal del caso, Solange Huerta, señaló que “la Fiscalía no ha sido notificada de una nueva querella, hoy se está ordenando la notificación, por tanto, no corresponde que esta fiscal se pronuncie respecto de un antecedente procesal que aún no conoce”

 

Bachelet ha declarado en un par de ocasiones, en calidad de testigo, ante Huerta, quien ha opinado que la ex presidenta carece de responsabilidad penal en el caso.

 

Bachelet  siempre se ha mostrado dispuesta a declarar en la causa, en la que están siendo investigada la actuación de tres de sus asesores en el comité de emergencia en la época del terremoto y de cuatro ex funcionarios de la armada que trabajaban en el organismo encargado de alertar sobre los tsunamis en Chile, uno de los países más sísmicos del mundo y que sufre frecuentes terremotos, por lo que está expuesto frecuentemente a maremotos.

 

Raúl Meza “fue sancionado en el pasado por la Corte Suprema y suspendido del ejercicio profesional y hoy…está disputando un cupo por la lista de Renovación Nacional (el partido oficialista)  para ser candidato a diputado, recordó Alvaro Elizalde, vocero del comando de Bachelet, poniendo en duda la ética del abogado.

 

“Lamento que se estén mezclando variables políticas con la necesaria independencia con la cual deben actuar los organismos judiciales en este país…Tenemos que generar las condiciones para que esta investigación se desarrolle de manera acuciosa, sin ningún tipo de presiones”, agregó el vocero.

 

En la práctica, lo que sucedió en la audiencia del jueves fue que el juez recibió la querella, revisó si era admisible, sin pronunciarse sobre su mérito ni menos sobre el fondo, la remitirá a la Fiscalía.

 

Si la fiscalía da curso a la querella contra Bachelet, significa que se indagará judicialmente su actuación, y la de otras personas, en las horas que siguieron al terremoto de magnitud 8.8 del 27 de febrero del 2010. Si el juez considera que hay antecedentes suficientes que indiquen algún tipo de culpabilidad, y tras las apelaciones respectivas, recién se iniciaría un proceso.

 

La ampliación de las querellas que alcanzó a la ex mandataria se dio en la misma audiencia en que el juez Sallés rechazó dejar fuera del antejuicio a la máxima jefe de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, Onemi, Carmen Fernández, en la época del terremoto; al ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende; a un ex mando medio del ente asesor y a un oceanógrafo del organismo naval que debió alertar del tsunami.

 

Según el juez, Rosende debió suponer la ocurrencia del tsunami; de Fernández señaló que ella tenía “la obligación de prevenir riesgos y mitigar sus efectos”; de Johaziel Jamett, ex jefe de alerta temprana, indicó que faltó a su deber de estar de punto fijo al lado del fax para alertar al resto de las autoridades y del oceanógrafo Andrés Enríquez por desoir la opinión de la oceanógrafa de turno y del Pacific Tsunami Warning, que llamó a Chile alertando del maremoto.

 

El tsunami mató a 156 personas en diversas ciudades, aldeas y caletas del centro sur chileno, que pudieron haberse salvado si hubiera existido una alerta de maremoto, la que sólo estuvo vigente apenas una hora, pese a que la mayoría de las olas gigantescas llegaron dos y tres horas después del terremoto.