Rubén Moreira Valdez, gobernador de Coahuila, hizo entrega ayer al Congreso del Estado la iniciativa de adiciones a la Ley de Alcoholes del estado, con el objetivo de frenar la venta y consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, con lo que también se prohibirá la operación de los table dance en la entidad.
En dicha iniciativa, se destaca que entre las prohibiciones para propietarios u operadores de los establecimientos que cuenten con licencia para la venta de bebidas alcohólicas, administradores o encargados de los establecimientos; está el no vender ni consumir alcohol en establecimientos como casinos o casa de apuesta.
Así mismo, está prohibido permitir que los clientes de estos recintos tengan interacción que implique contacto físico con el personal o artistas que se presenten en el lugar; así como la presentación de espectáculos con personas desnudas o semidesnudas, que permita ver al espectador la región genital de los participantes.
Además, se estipula que los operadores y propietarios tienen por obligación exhibir la licencia en el interior del establecimiento; al igual que al quedar regulados por esta ley, tendrán que operar con las debidas condiciones y disposiciones sanitarias y de seguridad, además de asegurar que estos lugares sólo tendrán entrada exclusivamente por la vía pública.
También se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas a bordo de vehículos, así como señalar que la transportación de bebidas alcohólicas en vehículos siempre deberá hacerse en envases cerrados.
Por su parte, en los centros deportivos o recreativos sólo se podrá expender únicamente cerveza en vasos durante el desarrollo del evento y en horarios establecidos.
Los bares tendrán que registrar en la Secretaría de Seguridad el nombre de las personas que laboran ahí, en caso de cambio lo deberá notificar dentro de los siguientes 15 días; la omisión a este requisito será causa de clausura.
La Secretaría de Finanzas deberá tener una página de Internet donde se publique el nombre de los negocios, así como el número de su registro.
Es obligación de los municipios clausurar todos los negocios que no cuenten con el permiso correspondiente.