En los primeros dos años del actual gobierno estatal, se integraron más de 27 mil averiguaciones previas, además se dictaron 444 sentencias condenatorias; pero sólo fueron ejecutadas  dos mil 503 órdenes de aprehensión y reaprehensión, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

 

Iñaki Blanco Cabrera subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, y encargado de despacho de la PGJE, anunció la recuperación de la confianza ciudadana a través del mejoramiento en la atención, con personal plenamente capacitada.

 

Tras la renuncia de Martha Elva Garzón Bernal el pasado jueves, la dependencia dio a conocer un balance de los avances en el área. El nuevo responsable de la dependencia anunció que una de las estrategias inmediatas es fortalecer las líneas de acciones encaminados al mejoramiento de los servicios de procuración de justicia.

 

Entre los avances, señala que en los primeros dos años se abrieron 27 mil 226 averiguaciones previas por diferentes delitos, se solicitaron cuatro mil 745 órdenes de aprehensión, y de éstas se libraron tres mil 724 órdenes, y en el mismo lapso fueron dictadas mil 444 sentencias condenatorias y 370 absolutoria.

 

Entre las acciones se emitieron 54 mil 386 dictámenes periciales, la Policía Investigadora Ministerial rindió 10 mil 853 informes de investigación.

 

Asimismo, se ejecutaron dos mil 503 órdenes de aprehensión y reaprehensión; se presentaron ante el Ministerio Público a 279 detenidos en flagrancia y se ejecutaron mil 38 órdenes de presentación.

 

Mientras, la Contraloría Interna inició 304 procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores de la dependencia, de ellos fueron resueltos 284; se sancionó a 94 servidores públicos, 28 de ellos relacionados con el caso Ayotzinapa, y se encuentran en trámite 679 quejas.

 

Iñaki Blanco afirmó que es urgente la consolidación del marco legal de la Procuraduría de Justicia, con el compromiso de brindar mejor servicio a los ciudadanos.

 

Ello trae consigo la entrega y responsabilidad de promover iniciativas que conlleven al mejoramiento de la legislación para simplificar y descentralizar los procesos de investigación, puntualizó.