El pasado viernes se suponía que el presidente Enrique Peña Nieto firmaría en Los Pinos el Pacto para una Agenda Digital y con ello se trazaría la ruta del desarrollo de la inclusión digital, de la competitividad económica, y de una mayor participación ciudadana en el gobierno a través de las tecnologías digitales. Como se ve, esto de la agenda digital no es cosa menor.
Al final, el evento programado se canceló por “problemas de agenda” y el Presidente atendió por la mañana la inauguración de una planta de Nestlé en el Estado de México dejando para otra ocasión aquello de la agenda digital.
Esperemos que este Pacto se retome a la brevedad y que recoja no solo los grandes macro compromisos entre gobierno y sociedad civil, sino también aquellos que si bien parecen minúsculos, son pequeños saltos que hacen los grandes cambios.
Uno de ellos tiene que ver con la obligación de los gobiernos, de los poderes, de los organismos, y empresas públicas de generar y publicar toda la información relevante y ponerla a disposición de los ciudadanos en formato digital a través de internet.
Parece un asunto trivial y que podría pensarse que está resuelto, pero no es así. Aún hay mucho trecho por recorrer por lo menos en el ámbito económico.
Dejando a un lado las ausencias y los enormes huecos informativos en formato digital que existen en buena parte de los gobiernos locales, en líneas generales la información económica que contienen los portales de la administración pública desde las secretarías del gobierno federal, los organismos autónomos, los órganos reguladores, y las empresas del estado; sigue siendo escasa y desactualizada, pero sobretodo extrañamente caótica y de una complejidad para su búsqueda que el usuario requiere armarse de paciencia y de una buena dosis de terquedad para obtener lo que desea, si es que realmente existe la información que busca.
Un ejemplo de ello es el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuya arquitectura de contenidos, tratamiento de la información, y diseño parecen estar hechos de tal manera que un usuario atrevido y tozudo encuentre la información con mucha dificultad y después de invertir horas de búsqueda en el portal.
Una experiencia similar ocurre con los portales de la Comisión de Competencia Económica, de la Secretaría de Economía, de Comunicaciones y Transportes, o de la Secretaría del Trabajo. A cualquier usuario no especializado le cuesta mucho trabajo navegar en esos portales buscando información relevante que, con cierta frecuencia, no va a encontrar.
Los portales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y el Banco de México han mejorado sustancialmente en los últimos años; sin embargo se han contagiado de la escasa o nula facilidad de navegación de la mayor parte de los portales del sector público, a la vez que las cifras estadísticas disponibles en no pocas ocasiones son confusas, no comparables e incluso ininteligibles.
Un comentario aparte amerita la aún muy escueta y escondida información sobre transparencia que todos los portales del sector público deben consignar.
En fin, que la Agenda Digital del país debe comenzar por allí: con el compromiso del gobierno de que los ciudadanos dispondrán vía internet de información gratuita, amplia, suficiente, accesible, clara, y disponible sobre las tareas, presupuestos, cifras y resultados del ejercicio de la vida pública en México.
samuel@arenapublica.com | @SamuelGarciaCOM | www.samuelgarcia.com
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