El Departamento de Justicia revisará la política bajo la cual obtiene archivos de periodistas al investigar la filtración de información secreta del gobierno, dijo el jueves el presidente Barack Obama.
Obama reconoció que está “preocupado por la posibilidad de que las filtraciones puedan paralizar el periodismo de investigación”, que él dice es importante para que un gobierno rinda cuentas sobre sus actos. También dijo que ha expresado su preocupación al secretario de Justicia Eric Holder.
Sin embargo, dijo que su gobierno continuará tratando de encontrar a los empleados de su gobierno que son responsables de filtrar secretos a la prensa.
En las últimas semanas, el gobierno reconoció que secretamente se apoderó de algunos registros telefónicos de periodistas de The Associated Press y que leyó los correos electrónicos del reportero de Fox News James Rosen en otra investigación que el Departamento de Justicia adelantaba sobre la filtración de secretos del gobierno.
El presidente dijo que el gobierno tiene que encontrar el equilibrio adecuado entre la seguridad y el tener una sociedad abierta. Dijo también que Holder se reunirá con representantes de los medios de comunicación y que espera recibir retroalimentación para el próximo 12 de julio.
Obama reafirmó su apoyo para que se promulgue una ley que, según dijo, buscaría “proteger a los medios contra un alcance desmesurado del gobierno”. Dicha ley requeriría que un juez federal autorice a los investigadores revisar los registros telefónicos de los reporteros.
“Los periodistas no deberían correr un riesgo legal al hacer su trabajo. Nuestra atención debe centrarse en los que infringen la ley”, dijo Obama.
La incautación de los registros telefónicos de la AP hace parte de una investigación que busca encontrar quién filtró a los reporteros de la agencia los detalles de un complot en Yemen para hacer estallar un avión con destino a Estados Unidos y que fue descubierto por las autoridades. La información fue filtrada el 7 de mayo 2012 y el atentado iba a ocurrir cerca del primer aniversario de la muerte de Osama bin Laden ocurrida el 2 de mayo de 2011.
A su vez, varios correos electrónicos del reportero de Fox fueron incautados, con la aprobación previa de un juez, como parte de una investigación que se adelanta contra Stephen Kim, asesor del Departamento de Estado, acusado de filtrar información secreta sobre Corea del Norte.
El presidente y director general de la AP, Gary Pruitt, ha dicho que en el caso de la agencia de noticias, las acciones del Departamento de Justicia han sido “inconstitucionales” y ha protestado por lo que calificó como una intrusión descomunal y sin precedentes a la manera cómo los medios de comunicación recaban su información.
Pruitt dijo que la investigación del Departamento ya ha provocado un efecto paralizador en la tarea de reportar las noticias.
Tras las palabras del presidente, la portavoz de la AP, Erin Madigan, dijo que “reconocemos que las directrices (de las investigaciones del gobierno) deben mejorarse y apoyamos una revisión bajo las condiciones adecuadas”.
El Departamento de Justicia se rige por una política que fue escrita hace más de 40 años después de los excesos de la era Watergate. Los investigadores no deben considerar el solicitar una orden judicial para acceder a los registros telefónicos de los periodistas a no ser que se hayan hecho “todos los esfuerzos razonables” para obtener la misma información por otras vías o fuentes, dicen las reglas.
Los medios de comunicación deben ser notificados de la solicitud de orden judicial para que puedan esgrimir sus argumentos ante una corte, a no ser que la notificación ponga en riesgo la investigación de las autoridades. La AP no recibió comunicación judicial alguna.
El secretario de Justicia debe aprobar personalmente la citación antes de que sea emitida. En el caso de la AP, Holder fue entrevistado por el FBI como parte de su esfuerzo para averiguar quién había divulgado indebidamente la información, por lo que se hizo a un lado para evitar un conflicto de intereses y dejó la decisión en manos del fiscal general adjunto, James Cole.
Obama no ofreció disculpas por la búsqueda agresiva de los responsables de las filtraciones. Desde que asumió el cargo en 2009, su gobierno ha adelantado más de seis procesos de esta naturaleza, más que todos los presidentes.
“Como comandante en jefe, creo que hay que mantener en secreto la información que protege nuestras operaciones y nuestra gente en el terreno. Para ello, debemos hacer cumplir las consecuencias para aquellos que infringen la ley y violan su compromiso de proteger la información confidencial”, dijo.
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