LONDRES. En el sur de Afganistán, en la base militar de Camp Bastion, las fuerzas británicas retienen a entre 80 y 90 ciudadanos afganos sin derecho a un proceso legal, confirmó el ministro de Defensa de Reino Unido, Philip Hammond, a la emisora BBC Mundo ayer. Los abogados británicos de ocho de esos confinados afganos denuncian que algunos de sus clientes han permanecido en aquel cuartel militar hasta 14 meses sin que las autoridades presenten cargos contra ellos, lo cual sería ilegal.
De acuerdo con la normatividad actual, las fuerzas británicas en Afganistán pueden detener a los sospechosos por un máximo de 96 horas. No obstante, en “circunstancias excepcionales”, como reunir información crítica de inteligencia, pueden ser retenidos por más tiempo.
Al comparar las condiciones de reclusión de los detenidos afganos en Camp Bastion, con lo que ocurre en la prisión de la Base Naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, los abogados exigieron al Tribunal Superior de Reino Unido (que trata casos de importancia) que liberase a sus ocho clientes.
Ellos explican que sus clientes fueron arrestados por soldados británicos en redadas realizadas en poblados de las provincias de Helmand y Kandahar, y desde entonces han transcurrido entre ocho y 14 meses sin que se les formulen cargos en su contra.
Al respecto, ayer por la mañana el ministro Hammond declaró al programa radial BBC Today, que en un principio pensó que liberarlos era un riesgo para los soldados británicos, pero no progresó. “No hay nada que querramos más que entregar esta gente a las autoridades afganas” y aseguró que su gobierno trabaja para encontrar una manera “segura” de transferir a los detenidos a su país.
En Afganistán, la BBC entrevistó al general Zahir Azimi, vocero del Ministerio de Defensa, quien sostuvo que las detenciones eran “ilegales e inhumanas” y pidió la entrega inmediata de los prisioneros a las autoridades afganas. “Luego de que nos los den, aplicaremos nuestras leyes y los acuerdos alcanzados con la comunidad internacional”. Sin embargo, los abogados de los sospechosos dijeron a la BBC que quieren examinar con cuidado toda transferencia a las autoridades afganas y que irán a la corte para impedirla. Redacción
Futuro incierto
Los interrogatorios a los detenidos en el Guantánamo británico de Afganistán concluyeron hace varios meses, pero sus familias sólo supieron de su aprehensión por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Aunque se mantienen en secreto los nombres de los detenidos, para preservar su seguridad, Dan Squires, abogado del preso de más edad, dijo al Tribunal Superior que a su cliente le negaron un abogado y no fue llevado ante un tribunal. “No sabe cuánto tiempo permanecerá aquí ni por qué”, explica. Hasta la semana pasada, el ministro de Defensa británico le negó a ese hombre toda representación legal y ahora se la permitió a través del uso del teléfono por una hora.
Hammond afirmó que los contribuyentes británicos “costean el acceso de los afganos presos en el tribunal” y que si van a juicio “se pedirá su liberación para que regresen al campo de batalla y continúen con las acciones por las que fueron detenidos la primera vez”, según reveló BBC.
Ayer murieron, al menos, tres personas y dos resultaron heridas en un ataque suicida contra las oficinas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la ciudad afgana de Jalalabad, en el este del país, confirmó Sediq Seddiqi, vocero del Ministerio del Interior afgano. “A las 5:50 de la tarde, un atacante suicida detonó los explosivos en la puerta de la CICR, mató a un guarda de seguridad e hirió a otro”. Un segundo atacante entró a la sede oficinas y tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad añadió la fuente. La CICR mantiene en Afganistán su mayor despliegue, con mil 800 colaboradores en más de 17 localidades. AGENCIAS
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