MONTERREY. El Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local pidió al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, vetar las recientes reformas al Código Penal de la entidad, en la que se estableció sancionar como delito el ciberbullying.

 

El coordinador legislativo del PT, Guadalupe Rodríguez Martínez, a través de una carta enviada al mandatario estatal, expuso que “dicha reforma, de llegar a aplicarse, atentaría contra los derechos humanos y las garantías sociales”.

 

Sostuvo que “la ciudadanía de Nuevo León no merece que se le apliquen normas de derecho penal que coarten sus libertades”.

 

Por ello, agregó, la bancada petista le solicitó al mandatario “que ejerza su derecho constitucional de veto y devuelva al pleno del Congreso el decreto mediante el cual se adiciona el artículo 345 Bis al Código Penal para el Estado de Nuevo León”.

 

En la misiva, enfatizó que para el PT es inaceptable, “que para tipificar el denominado cyberbullying se pretenda revivir el delito de difamación, el cual por numerosas recomendaciones internacionales debe desaparecer del Código Penal”.

 

“Con el más somero análisis, usted debe ordenar que no se mande publicar el decreto en el Periódico Oficial del Estado, pues aparte del rechazo ciudadano, esta reforma atentaría contra la libertad de expresión, invadiría la esfera federal en materia de telecomunicaciones y resultaría inaplicable”, consideró.

 

“Estamos de acuerdo que el interés superior de la niñez está por encima de cualquier otro interés público o privado, pero para protegerlo del acoso cibernético no podemos coartar la libre manifestación de las ideas a través de cualquier medio”, abundó.

 

De igual forma, “tampoco violentar la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, ya que son libertades que no tienen más límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”, remarcó la carta del PT al ejecutivo estatal.

 

“Le solicitamos vetar la reforma para que todos juntos, gobierno y sociedad, busquemos otras medidas más efectivas para prevenir, atender y erradicar el acoso en nuestra comunidad”, enfatizó.

 

Dijo que la diversidad de voces de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, del sector académico y de las cámaras empresariales, ya han manifestado su rechazo a la reforma por tan graves contradicciones.