El delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Efrén Vera Torres, señaló que no existen denuncias contra empresas del estado de Nayarit por contratar mano de obra infantil.

 

Lo anterior, a pesar de que la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) asegura que existen más de 28 mil 625 niños trabajando en la entidad.

 

El funcionario federal afirmó que “no tenemos esta situación, en operativos no hemos encontrado esta situación, y sí hay niños trabajando, que la gente lo denuncie porque si no, no podemos actuar”.

 

Sin embargo, reconoció que son ciertas las cifras que la Unicef y el Banco Mundial ofrece a través un estudio del programa para la investigación y cooperación interinstitucional, donde aseguran que en el estado más 28 mil 625 niños de 6 a 13 años, o 9.8% de la comunidad infantil trabaja.

 

También avaló que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en 2012 se contabilizaron en Nayarit 292 mil 96 niños y adolescentes de entre cero y 13 años, trabajadores.

 

Dijo que para disminuir estas cifras, la dependencia a su cargo divulga información contemplada en la reforma a la ley federal del trabajo, que contiene un apartado específico para el trabajo infantil, en donde es considerado como delito, que tiene sanciones económicas que van de los 250 a 5 mil salarios mínimos y penas de 1 a 4 años de prisión.

 

Mencionó que se llevan a cabo supervisiones en empresas, de jurisdicción federal, para detectar este tipo de irregularidades, donde se ha encontrado que jóvenes de 15 a 17 años se encuentran trabajando bajo supervisión directa del padre o tutor.

 

Sobre ello precisó que esto no significa que los jóvenes tengan permiso oficial, o de las autoridades para trabajar, sin embargo, se permite siempre y cuando “la actividad no sea incluida en la lista negra de actividades peligrosas, como trabajos en alturas, con explosivos, con sustancias químicas radioactivas, con sustancias químico infecciosas o minas”, resaltó.

 

Respecto a menores que trabajan en cruceros o centros comerciales, la revisión “queda fuera del marco legal, porque lo hacen de manera voluntaria, y no tienen patrón”; aunque consideró que otras instancias se hacen cargo de estas situaciones, como el DIF o asociaciones civiles.