Frente a la crisis económica que también impactó al mercado de bonos de carbono a nivel mundial, México busca sentar las bases para conformar un mercado regional siguiendo los pasos de países como Perú, que recientemente obtuvo recursos por 3.5 millones de dólares para salvaguardar sus selvas al vender certificados de reducción de CO2 a la compañía Disney.
La compañía de Mickey Mouse adquirió en marzo pasado 437 mil bonos de carbono, a un precio de ocho dólares cada uno, ofertados por el gobierno de Perú. Los recursos captados a través de este mercado voluntario se destinaron para la protección de la zona denominada Alto Mayo, en el norte del Perú.
La Estrategia Nacional de Cambio Climático presentada la semana pasada por el gobierno de México plantea el desarrollo de diversos instrumentos financieros para enfrentar los retos ambientales, uno de ellos es el mercado voluntario de bonos de carbono.
Si bien las ganancias de un esquema de venta voluntaria de bonos de carbono dependen mucho del mercado en el que se oferten, la estrategia planteada por el gobierno mexicano significa una oportunidad para que el país genere un mercado local o regional competitivo, desvinculado del Protocolo de Kioto, dijo a 24 HORAS Fernanda Gómez, especialista de la consultora McBride SustainAbility.
Y es que mientras Naciones Unidas fijó un precio de un dólar por cada bono de carbono, los actores voluntarios en Europa pagaron en 2012 seis dólares.
Si bien a raíz de la crisis europea el precio de los bonos de carbono se redujo hasta en 82%, pasando de 23 euros en 2008 a cuatro euros el año pasado, la demanda voluntaria de compensaciones de carbono creció en los últimos meses.
En España, país seriamente afectado por la crisis, la compra voluntaria de bonos de carbono creció 4% en 2012. Ese año, se vendieron poco más de 100 millones de toneladas de CO2 dejando ganancias por más de 523 millones de euros.
De acuerdo con un reporte de Forest Trends’ Ecosystem Marketplace, el sector privado fue el mayor comprador al adquirir 34% de las compensaciones voluntarias, derivadas en su mayoría de la plantación de árboles, protección de bosques tropicales o de la distribución de estufas limpias en países en vías de desarrollo.
En Estados Unidos, compañías como Disney o Chevrolet adquirieron alrededor de 29 millones de bonos de carbono en los mercados voluntarios durante 2012.
“Que el gobierno proponga un mercado voluntario de bonos de carbono me parece un paso importante, ya que significa que se asume la responsabilidad de actuar con las empresas para la reducción de gases contaminantes, además de que se da pie a abrir un mercado obligatorio en el futuro, en el que el precio por bono sea mayor”, señaló la especialista.
LOS PRIMEROS PASOS
Para que un esquema de mercados voluntarios de bonos de carbono sea productivo es necesario que el gobierno trabaje en dos frentes: la certificación de proyectos de este tipo y la promoción con gobiernos y compañías internacionales, dijo Carlos Sandoval Miranda, director general del Centro Multidisciplinario de Innovación Tecnológica.
En el país, empresas como Cemex, La Costeña, Jugomex, CFE y el Metrobús del DF, participan en este tipo de esquemas, pero a decir del especialista falta un proyecto serio de integración al que se le pueda dar seguimiento durante varios años.
“La opción de México hacia los bonos de carbono es extraordinaria, porque la riqueza ecológica del país es enorme, y si bien este mercado no es la solución al combate a la pobreza, puede ser el gran impulsor de inversión internacional en el país y una aportación al cuidado del medio ambiente”, concluyó.
DATO
Tras la entrada en vigor del protocolo de Kioto, en 2005, se estableció el mercado de bonos de carbono como un mecanismo para reducir 5% la emisión global de gases de efecto invernadero.
Este esquema obligatorio para los países industrializados les permite comprar bonos a países en vías de desarrollo que disminuyan sus emisiones.
Un bono de carbono equivale a una tonelada de dióxido de carbono (CO2), el cual se vende en alrededor de 16 dólares cada uno en un mercado obligado, y en un dólar como mínimo en el voluntario, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Kioto.
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