La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo la solicitud 114/2013 sobre el amparo en revisión promovido por Jorge Castañeda Gutman, al considerar que fueron violados sus garantías al omitir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la facultad de aspirar a un puesto de elección popular a través de candidaturas ciudadanas.

 

La Primera Sala consideró que con dicho estudio se podrá establecer si el Poder Judicial de la Federación puede pronunciarse sobre el incumplimiento por parte de las autoridades mexicanas sobre las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en contra del Estado Mexicano y, en consecuencia, de cualquier otro organismo internacional que emita resoluciones respecto de México, con base en tratados internacionales a los que nuestro país está suscrito.

 

Además si la SCJN puede o no pronunciarse, por vía de amparo, sobre el cumplimiento de obligaciones de otros poderes que conforman el Estado, como el Ejecutivo y Legislativo, en cuanto a las resoluciones de la Corte Interamericana.

 

Así como sí un juez federal está facultado para interpretar el alcance de los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana y, si la Suprema Corte puede pronunciarse sobre el cumplimiento o no de la sentencia por la cual se ordenó a México adecuar su derecho interno a la Convención Americana, en lo referente al recurso que permita garantizar a los ciudadanos el cumplimiento constitucional a ser elegidos.

 

El amparo promovido por el particular el seis de agosto del 2008, es en contra del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y de los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores del sexenio pasado, quienes presume violaron sus derechos políticos a ser elegido, plasmados en los artículos 1, 17 y 133 constitucionales.

 

El quejoso argumentó que no se han adoptado las disposiciones del derecho interno que permitan hacer efectivos los derechos contenidos en el artículo 25 de la Convención Americana, el cual refiere que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.