En Guerrero, los grupos de autodefensa se extendieron a más de 500 comunidades, con presencia en, por lo menos, 12 municipios.
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La usencia de autoridades, los secuestros y extorsiones del crimen organizado y el miedo de la población provocaron este crecimiento, aseguró en entrevista Bruno Plácido Valerio, integrante de la organización Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Tras un largo suspiro, Bruno Plácido suelta: “el hartazgo llegó a los pueblos y salimos a la luz pública como Movimiento de Autodefensa”.
Con su aparición, surgieron las dudas sobre la posibilidad de que estos grupos de autodefensa en Guerrero estén vinculados a grupos guerrilleros o un grupo del crimen organizado.
“Nada más alejado de la realidad, hemos recibido el apoyo del pueblo y aquí lo que se juzga es que el Estado en sus tres órdenes de gobierno dejó de hacer su trabajo, falto a su responsabilidad”, aseveró.
Sin embargo, informes de inteligencia militar reportan que, al menos algunas comunidades con presencia de Policía Comunitaria han iniciado vínculos con grupos del crimen organizado.
La historia
Enclavado en el macizo montañoso de la región de la Costa Chica de Guerrero, en San Luis Acatlán, hace 17 años, emergió debido a una severa crisis de inseguridad en una zona de alta marginación y escaso desarrollo humano el Consejo Regional de Autoridades Comunitaria.
También surgió la Policía Comunitaria, un 15 de octubre de 1995, el brazo que daría seguridad y justicia a los habitantes de San Luis Acatlán en más de 40 comunidades, casi un año después de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas.
Sus principales creadores fueron el sacerdote Mario Ocampo y Apolonia Cruz Rosas, los presidentes de la Unión de Ejidos y Comunidades de la Luz de la Montaña y los hermanos Bruno y Cirenio Plácido Valerio, que buscaban resolver los problemas de inseguridad que padecían.
La violencia e inseguridad se presentaba en comunidades mixtecas, tlapanecas y nahuas, pero sería en el pueblo de Santa Cruz El Rincón donde tuvo su origen la CRAC-PC.
Lo paradójico del caso es que San Luis Acatlán está en una de las regiones de la más alta pobreza y marginación, pues está delimitada por los municipios que ocupan los primeros lugares en pobreza extrema y muy bajo desarrollo humano como Malinaltepec, Azoyú, Copala, Marquelia, Cuautepec y Metlatónoc, ahí el abigeato, los asaltos y las violaciones eran el pan de cada día. Además de los abusos de la Policía Motorizada -hoy Policía Estatal Preventiva- y la Policía Judicial -ahora Policía Ministerial- que saqueaban a sus habitantes.
“Los primeros años fueron difíciles, pues tratamos de unificar a las comunidades y reducir los niveles delictivos, nosotros entregábamos al Ministerio Público a los delincuentes y ellos los liberaban.
“Entonces tuvimos que crear inicialmente como Consejo Regional de Autoridades Indígenas y después, debido a la incorporación de las comunidades se cambió a Consejo Regional de Autoridades Comunitarias, y con ello la Casa de Justicia, pues nos propusimos no solo perseguir y sancionar a los delincuentes por delitos como robo, asalto, violación, homicidio y sobre todo abigeato, y llevarlos a la reeducación y al trabajo comunitario”, cuenta el fundador de la PC-CRAC, Bruno Plácido Valerio.
Acusaciones
Ante la aparición de este sistema de justicia comunitario, el gobierno federal y en particular la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) definían a la policía comunitaria como grupos de delincuentes, de guerrilleros y narcotraficantes, debido a que en esa misma localidad décadas antes nació la guerrilla rural que encabezó al maestro Genaro Vázquez Rojas.
Bruno Plácido Valerio relata que una ocasión fue detenido por agentes de la Policía Judicial porque lo acusaban de haber violado a cuatro mujeres en una hora.
“El Ejército me detuvo dos veces y me torturó y una vez la Policía Judicial me detuvo en la comunidad de Buena Vista porque estaba acusado de violación de cuatro mujeres en una hora. La verdad eso fue fabricado, no había denunciantes, no había víctimas no había ni siquiera una averiguación. El procurador era Francisco Vargas Nájera. Lo que se buscaba era detenerme para justificar el desarme de la Policía Comunitaria”, relata Plácido Valerio.
Con el paso de los años el proyecto creció y se amplió a casi 70 comunidades en el mismo perímetro de la zona costachiquense y se ancló en la región, pero solo se quedó en la vertiente de la seguridad y la justicia, ya no avanzó hacia los proyectos de desarrollo comunitario
Narco y guerrilla
A la zona indígena de San Luis Acatlán se filtró la guerrilla y el narcotráfico, a través de los grupos del transporte público, con los cuales se empezó a las cobrar cuotas y trasportar droga y armas, lo que la hizo una localidad indígena liada en los fuertes contrastes económicos y los sociales.
A pesar de la eficiencia en el combate a la inseguridad, con el paso de los años se fue fracturando en la CRAC y la Policía Comunitaria que en forma inesperada cedió amplios espacios a la delincuencia organizada.
El cobro de cuotas a transportistas fue uno de los eslabones más frágiles que se encontró y con ello iniciaron los secuestros, los robos, asesinatos y una serie de ilícitos en la región. Sus fundadores fueron desplazados y emergieron otros liderazgos, los cuales pareciera que tenían otros intereses que podrían estar vinculados al crimen organizado, de acuerdo a informes de inteligencia.
Los informes oficiales de la Sedena mostraron que en esa zona empezó a proliferar la siembra y cultivo de amapola, sobre todo en las partes altas, donde esporádicamente llegaban efectivos del Ejército Mexicano a destruir ese tipo de plantíos que abarcaban desde 20 y hasta 30 hectáreas.
También en las comunidades de la parte alta de Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán, y la montaña como Tlapa de Comonfort, Iliatenco, Cuatepec, entre otras se han localizado sembradíos de amapola.
Surgen las autodefensas
El 24 de enero de 2010 nació la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con Sebastián Ramírez, Claudio Ortega, Crisóforo García Rodríguez, Abel Bruno, Bruno Plácido Valerio y otros conformaron primero el Comité de Gestoría de la Montaña.
Esta nueva organización plateaba dos vertientes desde su fundación primero el desarrollo humano, es decir mejorar las condiciones de vida de los habitantes a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias. Y la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos los habitantes de la montaña y costa chica, así como la seguridad y justicia, en opinión de sus dirigentes.
En ese momento la UPOEG empezó su lucha en contra de los altos cobros que realizaba la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en comunidades indígenas como Malinaltepec, Metlatónoc e Iliatenco, ahí la paraestatal enviaba recibos de energía eléctrica de miles de pesos.
“Por citar un caso en la comunidad de Paraje Montero, en uno de los municipios más pobres no sólo de México sino de América Latina, a una vivienda le estaban cobrando 800 mil pesos de energía eléctrica.
“Casos como esos había cientos y empezamos esa lucha, pero al mismo tiempo el otro reclamo era en contra de la inseguridad, empezaban a aparecer los secuestros, cobros de cuota y extorsiones y es cuando empezamos a formar los grupos de autodefensa”, dice el promotor de desarrollo comunitario.
Plácido sostiene que ahora tienen presencia en más de 500 comunidades y una decena de municipios.
El surgimiento de las fuerzas ciudadanas de autodefensa es la gota que derramó el vaso en materia de seguridad, pues la delincuencia organizada ya habían sido secuestrados a dos comisarios y muchos ciudadanos pagaban cuotas al crimen organizado.
“Hemos demostrado como pueblo que ya no queremos vivir así”, enfatiza.
Con Fuerza Estatal, refuerzan seguridad en Guerrero
El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Sergio Javier Lara Montellanos, anunció la implementación de Fuerza Estatal, el nuevo sistema de seguridad que trabajará en función al esquema de Policía de Mando Único, con las corporaciones estatales y municipales.
Igualmente, informó la construcción de dos penales de mediana seguridad que sustituirán a los que no cuentan con una vigilancia eficaz.
Indicó que la Fuerza Estatal entrará en vigor en una primera etapa en los municipios de Iguala, en la región Norte, y Acapulco, y posteriormente iniciará en el resto de los municipios.
Su propósito principal –enfatizó– es recuperar la confianza de los guerrerenses en el sistema de seguridad estatal.
En Casa Guerrero, el funcionario informó que con este sistema de seguridad la capacitación, supervisión y designación de mandos quedará a cargo del estado, y aclaró que los recursos del Ramo 33, en materia de seguridad, que envía la Federación a los ayuntamientos, continuarán operando como hasta ahora.
Asimismo, Lara Montellanos anunció la conformación de una policía rural que dependerá de manera directa de la Fuerza Estatal, que será la encargada de operar en las comunidades, lo que se fortalecerá con más trabajo de inteligencia y cercanía con la gente, a través de esquemas de proximidad.
Lara Montellanos señaló que el nuevo sistema de seguridad se fortalecerá con la contratación de dos mil elementos y con la implementación de una Fuerza de Reacción.