Seis de cada 10 empleos en México son informales y en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero el porcentaje de informalidad en el empleo es de 80%.
De los casi 48 millones de mexicanos ocupados, 20 millones laboran formalmente y 28 millones lo hacen informalmente. Una buena parte, el 21%, de quienes laboran en la informalidad lo hacen en la agricultura, ganadería o en la pesca; pero una mayoría (58%) de los informales labora en el sector servicios principalmente en el comercio, en el sector restaurantero y hotelero, en los transportes y las comunicaciones, en servicios diversos, y en los gobiernos. Si nos preguntamos cómo ha evolucionado la informalidad en México en los últimos años, la respuesta es que la tasa de informalidad se ha mantenido prácticamente constante en los últimos 8 años (2005-2013) según las cifras que arroja INEGI.
Esas cifras no solo muestran la vulnerabilidad en la que laboran la mayoría de los trabajadores del país, sino también ponen de manifiesto la baja calidad y potencialidad del crecimiento económico del país por una exigua productividad del trabajo. Es imposible pedir mayor productividad a los trabajadores con una tasa de informalidad laboral tan elevada. Por lo que si no se atacan los problemas estructurales de la informalidad, difícilmente veremos una mayor productividad y un crecimiento sostenido de la economía en el largo plazo.
Pero no hay que darle tantas vueltas al asunto. La informalidad laboral está asociada a la informalidad empresarial porque son las empresas las que generan alrededor del 90% del empleo del país. Claro que dos terceras partes de este empleo privado es generado por las micro, pequeñas y medianas empresas con una productividad laboral generalmente baja en relación a las grandes empresas.
Un caso públicamente conocido es el de los despachadores en las estaciones de gasolinas de la red de Pemex quienes trabajan sin contratos laborales y, evidentemente, sin un salario y, por lo tanto, sin prestaciones laborales. Incluso –en el extremo- en algunas empresas concesionarias de Pemex para la distribución de gasolinas los patrones exigen a los despachadores una cuota fija diaria por las propinas que reciben de los clientes.
Es decir, son informales laborando en empresas formalmente registradas ante el SAT, las autoridades laborales y el IMSS. Pero casos como éstos –conocidos públicamente pero que la autoridad parece desconocer por alguna razón- abundan en México.
No sé aún a ciencia cierta cuál será el impacto de la recientemente aprobada reforma laboral sobre la generación de empleos formales a través de la formalidad de las empresas de todos los tamaños. ¿Acaso la reforma laboral incentivará a los empresarios, no solo a crear empleos, sino también a formalizar los empleos que generan? Porque de eso se trata.
Si la respuesta es no, entonces la reforma habrá sido un fracaso para combatir la precariedad en el empleo de los trabajadores y la baja productividad producto de una informalidad endémica incentivada por las propias políticas públicas, y enquistada en la cultura empresarial y en su propia estructura de costos.
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