El gobierno priista de Enrique Peña Nieto está obligado a gobernar con la estructura panista. Un ejército de más de 6 mil burócratas de filiación azul que tienen copados puestos de decisión clave en el ancho organigrama de la burocracia. Al amparo del Servicio Profesional de Carrera (SPC), instrumentado durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, esos militantes ostentan puestos en oficialías mayores, direcciones generales, direcciones adjuntas y coordinaciones en las secretarías de estado y paraestatales.
Además, disponen de batallones de operadores para aplicar los programas asistenciales en los estados. Esto les permite favorecer a sus propios simpatizantes, como sucede en Veracruz, donde recientemente el delegado de oportunidades, Miguel Ángel Yunes Márquez, cambió el padrón en más de 90% para favorecer a sus militantes. A ellos se les dan los recursos y los apoyos.
Esto lo dijo con claridad la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, cuando, acusada por el dirigente del partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, de manipular los programas públicos, aseguró a los senadores: “Son militantes panistas y aquí tengo los nombres”. Los legisladores callaron y ella, en apariencia para no alterar el Pacto por México, se abstuvo de difundir los nombres de ese ejército.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha pretendido revertir esta manipulación, pero no ha podido. La iniciativa de reformas a la Ley de Servicio Civil de Carrera, presentada por el ex diputado Carlos Flores Rico, duerme en comisiones del Senado de la República, donde espera su dictamen.
Mientras tanto, dentro de esa burocracia de mandos medios pero definitivos, en promedio el 85 por ciento sigue militante del PAN y a cargo de la operación de programas estratégicos como Oportunidades, 65ymas, Piso firme, además de ayuda a madres solteras y becas para niños, entre otros.
El SPC fue creado en 2003, durante el gobierno de Vicente Fox, con el objetivo de profesionalizar la administración pública en beneficio del país, más allá de los intereses partidistas. Las plazas ofertadas mediante este sistema deben ser puestas a concurso público a través del Diario Oficial de la Federación y los aspirantes deben acceder a ella mediante un procedimiento basado en sus capacidades profesionales.
Tras las elecciones presidenciales de julio de 2012, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó un documento en el que señalaba una serie de irregularidades que apuntaban a que el PAN había usado el SPC para asegurar su presencia en las siguientes administraciones.
Puestos a concurso tras las elecciones de 2012
En ese mismo mes, el número de plazas puestas a concurso mediante el SPC fue notoriamente superior a meses anteriores (unas 600 plazas frente a un promedio de 300). Estas incluían una serie de cargos que el PRI relacionó con temas “sensibles”, como vacantes en la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vinculadas con la investigación de lavado de dinero en el país, además de puestos clave en subdelegaciones de la Sedesol, entre otros.
Un caso específico: El 18 de julio del año pasado se presentó a concurso la plaza de secretario particular del subsecretario de Economía. El reclamo del PRI, en este caso, se basó en el artículo 7 de la ley del Servicio Profesional de Carrera, el cual establece que el personal de los gabinetes de apoyo, es decir, el personal que presta servicio directo a los altos cargos de las secretarías, será nombrado y removido libremente por su superior jerárquico inmediato, en este caso el subsecretario.
Junto con esa plaza, se pusieron a concurso más de 20 vacantes de asesores adscritos a coordinaciones de asesores de secretarías de estado.
“Es por demás evidente que, pasada la elección presidencial, se ha acelerado el proceso de ocupación de cargos medios y altos en el gobierno federal con el indudable propósito de ocupar rápidamente el mayor número posible de plazas”, sentenció en su momento la bancada priista en la Cámara Baja.
Por ello, los priistas solicitaron la comparecencia del entonces secretario de la Función Pública, Rafael Morgan, para esclarecer las irregularidades, pero finalmente éste no compareció
Puestos clave del SPC
En noviembre pasado, las demandas del PRI reaparecieron en la Cámara Alta, cuando senadores del PRI y del PRD pertenecientes a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera votaron a favor de la propuesta de reforma por la cual los directores generales y sus adjuntos quedarían excluidos del Servicio Profesional de Carrera y sus plazas pasarían a ser puestos de libre designación. Los senadores panistas votaron en contra.
Aunque las consideraciones de este dictamen volvieron a sacar a la luz las irregularidades expuestas por el PRI tras las elecciones, la propuesta sigue paralizada en el Senado actualmente.
“Hay gente que dice que si no se incluyen los directores generales, se está vulnerando la posibilidad de profesionalizar, y hay otros que dicen que los directores generales tienen que ser gente de confianza porque son los operadores del poder. Hay una resistencia muy fuerte por parte de los priistas desde que se aprobó la ley”, explicó a 24 HORAS la doctora María del Pilar Pardo, experta en el Servicio Profesional de Carrera.
Javier Corral, senador del PAN entrevistado en sus oficinas la semana pasada, y quien presentó un voto particular contra la última propuesta de reforma, dice estar de acuerdo en revisar y corregir las irregularidades que se puedan dar, pero considera inapropiado excluir del Servicio Profesional de Carrera los más altos cargos que este incluye.
“La reforma lo que hace es colocar única y exclusivamente el elemento de confianza o de subordinación y lealtad absoluta de carácter partidista al desempeño de una función. Y en la selección de personal de servicio público no sólo debe haber lealtad, confianza, institucionalidad… también debe haber experiencia, especialización, conocimiento, idoneidad, requisitos legales, pruebas de capacitación… Yo seguiré luchando para que esta reforma no pase”.
Por su lado, el perredista Armando Ríos Piter, uno de los senadores que votaron a favor de la reforma, afirmó en entrevista telefónica que “a nosotros no nos interesa darle por su lado al PRI o darle por su lado al PAN, lo que nos interesa es que el servicio civil de carrera sea un verdadero sistema que profesionalice los cuadros del servicio público, que se evite digamos el manoseo político de parte del gobierno en turno”.
Abuso del artículo de excepcionalidad
Otra de las principales quejas del PRI se basa en una evaluación realizada por la Auditoría Superior de la Federación, que remarca el hecho de que se han asignado más de 6 mil plazas sin el procedimiento adecuado, sino como casos excepcionales contemplados artículo 34 de la ley que regula el SPC.
“Hay un artículo, el artículo 34, diseñado para casos excepcionales en los que se requiere de un especialista en un tema muy concreto. El gobierno de Calderón abusó del uso del artículo 34 para incluir un montón de gente que no necesariamente debía entrar por esta vía. Se convirtió casi en una regla. Eso te manda un poco la señal de que sí se estaba queriendo utilizar en el sentido de favorecer, si no a la gente del PAN, a los amigos de los amigos, como era antes”, aseguró Pilar Pardo, especialista del Colegio de México, consultada la semana pasada vía telefónica.
El artículo 34 de la ley permite la entrada de personas en el Servicio Profesional de Carrera sin atender al procedimiento de ingreso correspondiente, pero limita su permanencia a un periodo acorde a la función que deban realizar. Durante el gobierno de Calderón, no sólo fue habitual el uso de este recurso sino que los periodos se alargaron sin la debida justificación.
“Tendrían que haber regularizado su situación por la vía del concurso pero este concurso se posponía y se posponía y se posponía. Que, para efectos prácticos, acababa siendo un dedazo. No necesitabas el artículo 34 ni necesitabas que se dijera que iba a haber concurso porque de todas maneras esas plazas las ocupaban los que querían que las ocuparan”, añadió la experta.
Según datos de la Secretaría de la Función Pública evaluados por la Auditoría Superior de la Federación, al cierre de 2010, el 5.1% de las plazas del servicio profesional de carrera estaban ocupadas por servidores públicos que habían accedido en amparo del artículo 34. Estas suponían un total de 1,443 funcionarios, de los cuales 1,287 tenían menos de 10 meses en el cargo.
El PAN sigue adentro
En los cargos a los que se puede optar mediante el Servicio Profesional de Carrera, el total de personas que acceden a ellos por esta vía no es insignificante, especialmente en la administración pública federal centralizada. El 27.7% de los directores generales de dicha administración provienen del SPC, así como el 29.5% de sus adjuntos, el 46.4% de los directores de área, el 62.7% de los subdirectores, el 56.7% de los jefes de departamento y el 26.1% de los enlaces.
A pesar de estas cifras, los panistas niegan que gracias al SPC sus afines hayan asegurado un lugar en la administración pública. “Claro que no, al contrario. Porque al final del día, los secretarios, los subsecretarios, que son quienes definen la política, no los funcionarios del servicio profesional de carrera. Hay que ser muy claros: los del servicio profesional de carrera son los ejecutores, no son los decisores”, según el senador panista Raúl Gracia, entrevistado en el Senado la semana pasada.
Para Javier Corral es todo lo contrario: “No es cierto. Yo le puedo asegurar que los gobiernos del PAN dejaron a más del 60% de la estructura priista y eso fue parte de nuestra debacle: nos jugaron las contras desde adentro”.
Acomodados
En la administración pública federal centralizada, provienen del SPC
27.7% de los directores generales
29.5% de sus adjuntos
46.4% de los directores de área
62.7% de los subdirectores
56.7% de los jefes de departamento
26.1% de los enlaces.
Dato
5.1%
de las plazas del servicio profesional de carrera estaban ocupadas por servidores públicos que habían accedido en amparo del artículo 34, al cierre de 2010
Comments are closed.