El gobierno en México está investigando los casos de espionaje electrónico en México, con el fin de impedirlos y dejar en claro a empresas tanto nacionales, como extranjeras, que no pueden hacer uso, ni económico, ni político, de la información de los ciudadanos en el país.

“Lo que ya tenemos listo, es un punto de acuerdo para saber cuál es el área del gobierno que es la responsable de cuidar los datos de los usuarios de internet en México. Como tal, no podemos hacer un cuestionamiento a empresas privadas, tiene que ser directo mediante el gobierno”, dijo Juan Pablo Adame Alemán, diputado del PAN y presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital en la Cámara de Diputados.

 

En entrevista con 24 HORAS, el diputado explicó que la investigación de los casos tanto provenientes del extranjero, como es el caso de PRISM en Estados Unidos y los desprendidos de estudios como el realizado por Citizen Lab en México, los está revisando personalmente, con el fin establecer si existe un Big Brother que este interviniendo en el país.

 

“A nivel personal estoy atendiendo el tema de que la protección de todos los datos de los ciudadanos mexicanos estén a salvo. Todas las empresas son bienvenidas a estar en México, siempre y cuando cuiden los datos de los usuarios”, dijo.

 

Como informó este diario la semana pasada, Iusacell, propiedad de Grupo Salinas y Grupo Televisa;  y Uninet, servicio de transporte de datos en redes virtuales de Telmex, son investigadas por el supuesto uso de un programa para espiar a través de smartphones y equipos de cómputo, llamado FinFisher, que tiene la capacidad de burlar 140 diferentes programas anti-virus, acceder a todos los datos enviados mediante el programa Skype, grabar la comunicación enviada desde correo electrónico, chats y programas de llamadas y voz por internet.

 

De acuerdo a Propuesta Cívica y Contingente MX iniciaron un Procedimiento de Verificación ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

 

“Hay notas o declaraciones, incluso algunas investigaciones que pueden demostrar que hay alguien más,  hay un Big Brother que está viendo lo que uno escribe en su computadora o las transacciones que uno hace, eso disminuye la confianza de los mexicanos en el uso de la tecnología”, explicó el diputado Adame Alemán.

 

Otra de las cosas que buscará dejar en claro el punto de acuerdo que enviará la Comisión Especial de Agenda Digital al Congreso, será el papel que las empresas privadas juegan en la protección de los datos de los usuarios y el uso que hagan de ellos.

 

“Las empresas mexicanas o extranjeras no tienen permitido y no es válido que usen los datos de los usuarios, para poder aprovecharse de estos, ya sea económicamente o políticamente”, aseveró.

 

Detalló que para garantizar una inclusión tecnológica en el país, los usuarios deberán de partir de un principio de confianza en la tecnología, mismo en el que deben de participar las empresas, cuidando los datos de los usuario, sin vender bases de  datos, ni códigos que puedan perjudicar la confianza del consumidor en estas herramientas.

 

Al respecto, el director de Microsoft México y presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), Juan Alberto González Esparza, dijo que la privacidad de la información es algo crítico para la agenda digital del país:

 

“O sea, todo lo que es privacidad y seguridad tiene que estar en un marco jurídico y en una agenda digital nacional. Para ello, todos los contribuyentes en el sector tenemos que hacer nuestro trabajo, el gobierno, las empresas, el sector privado, las asociaciones. La agenda digital se está haciendo pensando en hacer el bien”, explicó González Esparza en entrevista.

 

“A nosotros nos interesa establecer una Agenda Digital Nacional, ¿que implica eso?, que los mexicanos tengan confianza en el uso de la tecnología”, detalló Juan Pablo Adame, después de los segundos Diálogos Legislativos por un México Digital, llevados a cabo en la Cámara de Diputados.