La ventanilla de registro para ocupar una de las siete posiciones en el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones se cerró el pasado martes 25 de junio. Aquell@s que se registraron tienen hasta el próximo 5 de julio para entregar, personalmente en las sedes del INEGI en todo el país, los documentos que se les solicitaron. Se registraron para el IFT 343, otros 58 lo hicieron simultáneamente para la nueva Comisión Federal de Competencia Económica en la que, por cierto, los aspirantes son 266.
Cada uno de los y las aspirantes recibió una clave alfanumérica, con la cual continuarán todo el proceso hasta que el Comité de Evaluación, integrado por los titulares del Banco de México, INEGI e Instituto Nacional de Evaluación Educativa, publiquen en el Diario Oficial la lista con las claves de aquellos que conformarán la lista de candidatos, mínimo 21 y máximo 35, presentados al presidente Peña Nieto.
Las bases de la convocatoria no impiden hacer públicas las aspiraciones pero sí prohíben tener contacto con miembro alguno del Comité de Evaluación. La trascendencia de este proceso radica en la conformación de un órgano colegiado, autónomo constitucionalmente, que regulará a las empresas de radio, televisión abierta y de paga, telefonía fija y móvil, servicios de internet, de radiocomunicación y más.
El nuevo IFT podrá ordenar desincorporar empresas o filiales, hará lo necesario para que ningún actor relevante pueda tener más de 50% del mercado, sea por audiencia, publicidad, infraestructura o cualquiera otra forma de medición. Si l@s nuev@s comisionad@s tienen un perfil político, técnico, académico o económico importa. Regular o no contenidos y cómo incidir y hasta dónde, en criterios como calidad de contenidos resultará de enorme relevancia y polémica.
El proceso que está en marcha es fundamental para el futuro del país, un tema que, dicen algunos llega tarde, otros no miran el reloj sino simplemente celebran que se dé. La redacción de las leyes secundarias y reglamentos está en proceso. Quiénes y cómo las redactan no se sabe. Gobernación, SCT, Congreso y la academia deben de estar en ello. El sigilo dicen, obedece a un instinto de protección ante los apetitos de los principales regulados en telecomunicaciones para incidir en la selección y en la arquitectura legal.
Vienen tiempos intensos en un sector que no pierde dinamismo, estaciones de noticias que desaparecen (Noticias 88.9 de Grupo Acir) y organismos públicos de radio y televisión que antes de nacer han mantenido en parálisis nombramientos en el IMER y Radio Educación.
Iremos conociendo nombres y sus patrocinadores políticos y/o empresariales. Habrá desgaste y juicios mediáticos a cada perfil y trayectoria de quienes finalmente serán propuestos por el presidente al Senado para su ratificación. No es una tómbola ni un concurso de popularidad, la selección y evaluación es trascendente como pocas veces, el juego de las sillas ha comenzado.
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