El comienzo del sexenio se ha visto marcado por el destape de los escándalos de corrupción y las malas conductas de los políticos en diferentes estados de la República y ramos del servicio público. Simultáneamente, se han caído los procesos abiertos por la ex procuradora Marisela Morales en contra de otros, que fueron señalados sin que pudieran sustentarse las acusaciones.
El primer nombre de la lista pertenece a la otrora líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, cuyo amenaza de sacar al magisterio a las calles frente a la reforma educativa, promovida por el presidente Peña Nieto, representó un peligro latente para el nuevo gobierno federal.
Aunque a principios de su mandato, el Presidente manifestó a Gordillo el deseo de que le “acompañara” durante su sexenio, una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) arrojó que la líder magisterial realizó una malversación de fondos en el SNTE por una cantidad de más de 2,600 millones de pesos.
Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero, desde entonces, se han terminado para ella los lujos, los vestidos caros, los accesorios de marca y los viajes costosos. Actualmente se encuentra hospitalizada en el penal de Tepepan, en calidad de procesada.
Tras su detención, la lealtad de su sindicato se resquebrajo y, siguiendo la máxima de “el Rey ha muerto, que viva el Rey”, a los pocos días se nombro a un nuevo líder sindical, que tuvo más tacto al tratar con el gobierno.
El segundo nombre en la lista es el del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, el hombre de los 400 pares de zapatos, quien a pesar de ser compadre del actual gobernador, Arturo Núñez (quien es padrino de la hija de Granier), el ex mandatario no pudo escapar de las acusaciones del desfalco realizado al estado de Tabasco, por aproximadamente 2 mil millones de pesos.
Varios colaboradores de Granier, encabezados por quien fuera su secretario de finanzas, José Manuel Saiz Pineda, ya se encuentran siendo procesados por la Procuraduría General de Justicia del Estado, mientras que el gobernador se encuentra todavía en Ciudad de México, donde, tras regresar voluntariamente desde Miami, ha sido detenido para responder de las acusaciones en su contra ante la PGR.
Entrevistado por 24 Horas, el senador del PRD, Raúl Morón aseguró que la administración de Enrique Peña Nieto ha realizado esfuerzos: “La corrupción es un asunto de sistema, así como se actuó en el caso de Elba Esther Gordillo debería hacerse en otros sindicatos, como Pemex, con el dirigente Carlos Romero Deschamps”.
Por su parte, el senador del PAN, Fernando Yunes, aseguró a este diario que la actual administración ha dado golpes mediáticos y “plausibles” en materia de corrupción, aunque destacó que aún faltan casos que han sido ignorados por las autoridades federales.
“Aunque ya hubo algunos golpes mediáticos, tenemos otros como la declaración del contador de los Zetas en una Corte Federal de Estados Unidos, donde señala al ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, por 12 millones de dólares que le dieron para su campaña, y al día de hoy la PGR ni siquiera ha iniciado alguna investigación al respecto”
Tanto el caso Gordillo como el de Granier, han sido atraídos por la justicia federal.
Otro personaje, es el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Fermat, quien es acusado a nivel estatal de peculado y desvío de recursos, ya que, supuestamente, participó en la simulación de la compra de un tomógrafo por casi 14 millones de pesos para un hospital, pero el aparato nunca llegó a su lugar de destino.
El ex gobernador cuenta con orden de aprehensión y debe pagar una fianza de 8 millones de pesos, de no ser así, pronto podría cambiar su residencia a una celda en la prisión.
Los exonerados
Por otra parte, en lo que va del sexenio no sólo se han realizado grandes detenciones, sino que otros casos contra políticos, iniciados durante la administración del ex presidente Felipe Calderón, se han caído estrepitosamente.
Las acusaciones en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, quienes fueron acusados por la PGR de estar coludidos con empresarios para conformar una red de lavado de dinero en favor del Cártel del Golfo y los Zetas, no han resistido el embate de las investigaciones de la nueva administración, que ha calificado las pruebas de insuficientes al estar sustentadas solamente en declaraciones de testigos protegidos.
Como parte de la indagatoria, la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) realizó diversos cateos y aseguró a los ex gobernadores 11 inmuebles, más de cinco millones de pesos en 81 cuentas bancarias así como objetos y posesiones diversas. Tras la revisión del caso, los bienes han comenzado a devolverse a los ex gobernadores.
Otro caso importante es el del general de División Diplomado del Estado Mayor retirado y subsecretario de Defensa del 2006 al 2008, Tomas Ángeles Dauhaure, detenido el 15 de mayo de 2012 acusado de delincuencia organizada y de brindar protección al cártel de los Beltrán Leyva.
El 17 de abril, la PGR aseguró que el proceso penal organizada quedó sin materia por fala de pruebas y un juez federal ordenó su liberación. El general abandonó el penal de “El Altiplano al día siguiente, aunque muchas de sus pertenencias aún no le han sido devueltas.
Sobre estos casos, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado priista Francisco Arroyo Vieyra, aseguró a 24 Horas que “el buen procurador es aquel que mete a la cárcel al culpable, pero procura la calle para el inocente; el señor procurador Murillo Karam está haciendo una revisión exhaustiva de todos los procedimientos”. Estos procedimientos fueron realizados durante la gestión de Marisela Morales, quien actualmente ostenta el cargo de Cónsul en Milan, al frente de la PGR.
Apenas ayer, diputados federales y locales del PRD exhortaron al procurador General de la Republica, Jesus Murillo Karam, de dar tramite a una denuncia presentada contra el ex gobernador del Chiapas, Juan Sabines, a quien se acusó de defraudar al estado por mil 800 millones de pesos junto con empresas constructoras.