Luego de que se diera a conocer que en al menos 44 centros nocturnos de la Ciudad de México se ejerce el delito de trata con fines de explotación sexual, la Procuraduría capitalina no ha realizado ningún operativo en dichos inmuebles según un estudio elaborado por la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
“Nosotros (PGJDF) continuamos los operativos en donde tengamos conocimiento, de acuerdo a los análisis que realice también la Fiscalía de Trata y tengamos conocimiento que existe este delito, (…) no se puede precisar si es en el número que mencionas, en los 44 comercios en cualquiera de esos”, señaló el procurador local al respecto de la carencia de cateos en dichos lugares.
De acuerdo al Diagnóstico de Causas y Estructurales y Sociales de la Trata de Personas en la Ciudad de México, en al menos 44 establecimientos como burdeles, servicios de acompañantes, en la calle, salones de masaje y table dance, donde se puede dar la explotación de mujeres, en donde se ubican principalmente en las delegaciones de Tlalpan, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Xochimilco, Cuajimalpa, Coyoacán y Miguel Hidalgo.
“El análisis permite identifican como lugares de alta incidencia de delitos en materia de trata de personas en la Ciudad de México las zonas de La Merced, Garibaldi, Sullivan, Avenida de los Insurgentes, Reforma, Tlalpan, la Plaza de la Soledad y los Callejones de Sto. Tomás, Manzanares, la Zona Rosa, el Corredor de Buenavista”, señala el diagnóstico.
Al respecto, Ríos Garza dijo que se realizarán otros operativos en establecimientos donde existan evidencias de que se ejerce el sexo servicio con lo que se busca combatir este ilícito.
Sobre las investigaciones del table dance Cadillac, el procurador, dijo desconocer el nombre del propietario del lugar, donde el sábado pasado la Fiscalía de Trata de Personas, detuvo a 40 empleados y rescató a 46 víctimas algunas de ellas extranjeras.
Reconoció que las mujeres que laboraban en ese sitio, no han sido puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), ya que algunas de ellas contaban con visas de trabajo y se investiga si estaban laborando legalmente en el país.