Después de la jornada electoral de ayer en 14 estados del país, el temperamento, la negociación y las ganas con los que los partidos verán al Pacto por México de ahora en adelante serán distintos.
Y es que estas elecciones, aunque parciales por su cobertura geográfica, no pueden dejar de verse como un referéndum sobre lo que ha significado el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien asumió el poder el pasado 1 de diciembre. Y en ese implícito referéndum al gobierno actual va de por medio el Pacto por México que, con la anuencia del PRD y el PAN, logró aprobar reformas legislativas que desde hace años habían perdido la brújula para, siquiera, encontrar la ruta hacia el Congreso.
Pero ¿en cuánto ha beneficiado electoralmente el Pacto por México al PAN y al PRD que llegaron a las elecciones de ayer bajo tambores de guerras intestinas? A la hora de escribir esta columna no conocemos aún los resultados de la elección para gobernador en Baja California -una elección clave- ni las tendencias en los otros 13 estados de la República en los que se realizaron elecciones. Pero las campañas y la propia jornada electoral de ayer estuvieron salpicadas de lo de siempre: de candidatos que pelean por demostrar quién es más deshonesto, de acusaciones mutuas, de violencia y asesinatos nunca esclarecidos y de irregularidades en la jornada electoral.
El Pacto por México no será un cisne que atraviese este pantano sin manchar sus alas, como se apresuraron ayer a vaticinar ante los medios algunos dirigentes priistas. No sólo por una jornada electoral que vuelve a mostrar la fragilidad de la democracia que se ha construido hasta ahora, sino también porque a los actuales dirigentes perredistas y panistas les urge mostrar en sus cuerpos los golpes de la batalla a sus clientelas internas, so pena de perder toda credibilidad.
A partir de ahora, el Pacto por México -ese acuerdo político impensable hace sólo un año- caminará muy pronto con nuevas fisuras y seguramente que necesitará de muletas para su andadura. Fisuras que se convertirán en grietas tan pronto como la reforma energética -la reina de las reformas de este gobierno- toque a las puertas de la discusión pública. Y junto con ella, su dama de compañía, la reforma fiscal.
De la naturaleza de la reforma energética poco o nada sabemos en concreto a pesar de las declaraciones a la prensa del presidente Peña Nieto por tierras británicas. Un episodio que cae en el campo del análisis de la comunicación estratégica. El futuro de esta reforma -de la que pende el futuro inmediato del gobierno de Peña Nieto- aún parece estar en construcción con base en un puñado de escenarios políticos que Beltrones, Gamboa, Videgaray y Osorio vienen tejiendo.
La vigencia del Pacto es clave. Pero difícilmente la dirigencia del PRD -e incluso la del PAN, a pesar de las evidentes coincidencias en aspectos fundamentales de la reforma energética- se sumará públicamente a los costos políticos que de ella podrían derivarse. Es de esperarse que la energética sea una reforma que el gobierno envíe el Congreso, pero sin una declaratoria pública detallada de respaldo a través del Pacto; aunque el PRI cuente con votos favorables del PAN en el Congreso en los aspectos generales.
La fiscal con mayor razón. ¿Qué partido cargará con el costo político de medidas ciertamente impopulares como las tributarias? ¿El PRD? Y ello sin contar con pretendidos cambios fiscales que afectarían fuertes intereses empresariales en momentos de redefinición del rumbo panista.
El Pacto por México -aquel que cimentó el inicio de este gobierno- llega tras las elecciones de ayer a su punto crítico de cara a las reformas energética y fiscal; allí sabremos si este novel experimento de acuerdo político tiene o no futuro.
