CIUDAD DEL VATICANO. Desde ayer, los códigos penal y de procedimientos penales del Vaticano contienen nuevos delitos que van desde los cometidos contra menores de edad hasta el lavado de dinero y la filtración de información. Con esta reforma, la Santa Sede actualiza las tipologías de delito y define a los sujetos obligados, que son tanto clérigos como laicos que viven y trabajan en Ciudad del Vaticano, explicó Giuseppe Dalla Torre, presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano.
El nuevo marco judicial del Vaticano, incorpora una amplia gama de delitos administrativos, financieros y contra las personas. Con esas disposiciones la Santa Sede pretende cumplir con las normas de los organismos multilaterales a los que se ha adherido en los últimos años. Además, elimina la pena de cadena perpetua e impone, en su lugar, la prisión por 30 y hasta 35 años.
La reforma considera como menor de edad a quien tenga menos de 18 años y permite a los fiscales del Vaticano seguir el caso de oficio, incluso si la víctima o sus tutores deciden no hacer una denuncia penal. Los delitos contra los menores de edad que serán penalizados son contra la venta, prostitución, reclutamiento, violencia sexual contra niños así como producción o posesión de pornografía infantil.
Hasta hoy, esos delitos contra menores conllevaban una pena máxima de tres a 10 años de prisión, expresó Federico Lombardi, vocero del Vaticano. Con la reforma, ahora las penas aumentan de cinco a 10 años y, si hay circunstancias agravantes, la condena máxima sube a 12 años.
Que esos actos se consideren delitos hoy, no significa que fueran legales antes, declaró el magistrado Dalla Torre, simplemente significa que, hace 100 años, la pornografía infantil no se tipificaba como delito, ni en el ordenamiento jurídico italiano ni en el del Vaticano.
Aunque los delitos sexuales existían, el código arcaico los mencionaba de forma general como violaciones en contra de "las buenas costumbres".
En esta modificación judicial, el Vaticano también se suma al combate del lavado de dinero y lo incorpora como delito en su nuevo código. La medida muestra la intención del Vaticano por mostrar transparencia financiera, tras los escándalos derivados de los manejos en el llamado Banco Vaticano.
Otra nueva violación al marco jurídico vaticano es la filtración de documentos e información de esa ciudad-Estado. Es la reacción a las filtraciones de información privada del papado que ocurrieron el año pasado y que fueron consideradas como unas de las violaciones más relevantes contra la seguridad del Vaticano en los últimos tiempos.
A partir de ayer, toda persona que revele o reciba información o documentación confidencial se arriesga a ser condenado a seis meses a dos años de prisión y una multa de dos mil euros (dos mil 500 dólares). La pena sube a ocho años de prisión si el material se refiere a los "intereses fundamentales" de la Santa Sede o de sus relaciones diplomáticas con otros países.
Las nuevas normas se aplican a los oficiales y empleados de la curia romana. También, a los nuncios apostólicos, el personal diplomático así como empleados de órganos e instituciones de la Santa Sede, independientemente del hecho de que se encuentren en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano. Agencias
Lo que cambia
Hasta ahora, el Vaticano se ha regido por dos normas: el Código Zanardelli (1899) y el Código del Finocchiaro Aprile (1913). Ambos regulan los procedimientos penales del Vaticano desde el 8 de junio de 1929, cuando se ratifican los Tratados de Letrán con Italia y se funda el Estado pontificio. La reforma anunciada ayer define los nuevos delitos, sus penas y los sujetos que deben cumplir las nuevas normas judiciales.
La filtración
Paolo Gabriele, el mayordomo del entonces papa Benedicto XVI, fue juzgado y condenado por el tribunal del Vaticano por sustraer documentos personales del pontífice y filtrarlos al periodista Gianluigi Nuzzi, quien publicó un libro que mostró las pugnas internas, la disfunción burocrática y señalamientos de corrupción y homosexualidad en los altos niveles de gobierno de la Iglesia Católica.
Gabriele fue declarado culpable de robo agravado y sentenciado a 18 meses de prisión en el Vaticano. Benedicto XVI lo perdonó y hoy está libre, aunque sus revelaciones devastaron al Vaticano, porque rompió la confidencialidad que rige la correspondencia con el Jefe de Estado de la Santa Sede.
El juez Giuseppe Dalla Torre, presidente del tribunal del Vaticano que encabezó el juicio a Gabriele, reconoció el jueves que el caso Gabriele podría ser visto como una influencia clave sobre la nueva penalización, aunque dijo que el delito fue "irrelevante" para la reforma general.
