La capital se prepara a dar el salto a la madurez con grandes celebraciones.
Elementos los tiene.
Este año la Asamblea Legislativa cumple un cuarto de siglo y podría celebrarlo con la conversión de la Ciudad de México en el estado 32 de la república.
Con ese nombre, además: Ciudad de México, aunque algunos piden llamarlo Ciudad de México-Distrito Federal.
Este nombre permea entre los organismos convocantes a los foros para la reforma política, por encima del actual -Distrito Federal- o el escogido por la izquierda desde hace más de tres décadas, cuando pedía el Estado de Anáhuac.
La decisión tomará tiempo, pero la polémica se empatará con otro debate, la legalización de las drogas.
El jefe de Gobierno, Miguel Mancera, impulsa esa discusión y el encargado del control político de la Asamblea, Manuel Granados, ha decidido sumar al debate a organismos internacionales, entre ellos la ONU y la OEA.
La izquierda parte de su propia lógica: la capital mexicana ha marcado la pauta en asuntos polémicos como la muerte asistida (eutanasia), los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción.
Todos respaldados por el Poder Judicial.
UN ESTADO SOBERANO Y 16 MUNICIPIOS
Para ser profunda, la reforma política debe abarcar muchos temas.
A los perredistas les escuece la supeditación del GDF en materia de presupuesto y deuda pública, pues ahí sienten los controles políticos de otros partidos.
Lo sufrieron Andrés López y Marcelo Ebrard, pese a lo cual convirtieron a la Ciudad de México en una de las más endeudadas del país.
En aras de esa soberanía la conversión del Distrito Federal a estado seguirá el paradigma de otras entidades: Poder Legislativo con facultades plenas para dictar sus propias leyes y decidir ingresos y gastos del gobierno hoy a cargo de Miguel Mancera.
Ese paradigma se cierra con la conversión de las delegaciones políticas en municipios -unas voces proponen conservar los 16 actuales, otras abogan por incrementarlos para facilitar la administración y aumentar los cargos- con las características definidas en el artículo 115 constitucional.
Quedan a debate otros temas.
Por ejemplo: todos los estados son responsables de la enseñanza básica, pero en la Ciudad de México este servicio lo ofrece el gobierno federal a través de la SEP.
¿Estarían de acuerdo los perredistas en destinar gran parte del presupuesto capitalino a esas tareas, aun a costa de los programas asistenciales y clientelares impulsados desde 1997?
Porque ningún estado dedica menos del 50% de sus egresos a educación primaria y secundaria y el GDF no tiene esa carga.
El debate apenas inicia.
2 MIL 664 PROGRAMAS SOCIALES SIN ORDEN
1.- México, dijo en Nueva York la secretaria de Desarrollo Social en un acto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no tiene una política social de Estado.
Rosario Robles dio una prueba inobjetable: hay dos mil 664 programas asistenciales desperdigados.
Lo dijo así en el foro Más allá de la pobreza, los nuevos retos de las políticas de cohesión social:
“La falta de coordinación ha derivado en duplicidades y desperdicio de recursos públicos…
“Tenemos 273 federales que tan sólo en 2011 gastaron más de 56 mil millones de dólares; por otra parte, existen dos mil 391 programas estatales.
“Necesitamos alinearlos para lograr más eficacia en el gasto social y sentar las bases de una política social de Estado”.
¿Ya entendió por qué la pobreza sigue con crecimiento acelerado?
2.- Todos los gobernadores toman las elecciones intermedias como calificación ciudadana a sus mandatos.
Egidio Torre, de Tamaulipas, celebra la recuperación del priismo.
A los números: en 2012 el PRI ganó 25 municipios y el PAN 18; el domingo pasado los priistas los incrementaron a 35 y los panistas cayeron a ocho.
En votos, el PRI aumentó su cosecha en 127 mil y el PAN perdió más de 75 mil.