El Distrito Federal lleva varios años con una reforma política pendiente. Desde que fue definido el estatuto actual, a mediados de los noventa, y estrenada la democracia con la elección directa del jefe de Gobierno, hay cuando menos cinco temas a discutir:
1. Las facultades y modelo político de las delegaciones.
2. La creación de un congreso local que sustituya a la Asamblea Legislativa.
3. La creación de un Poder Judicial que reemplace al Tribunal Superior de Justicia.
4. Las diferencias jurídicas entre los estados y el Distrito Federal.
5. El libre endeudamiento del Distrito Federal.
En paralelo, en los últimos años se ha venido empujando, desde la sociedad civil pero con la participación de algunos legisladores, una gran reforma urbana. La #ReformaUrbana consiste en “una reforma estructural dirigida a otorgar al país un marco institucional, legal y financiero orientado a detonar el inmenso potencial social y económico de las ciudades de México, y a mejorar la calidad de vida de los casi 90 millones de habitantes que viven en ellas”, como la definen las organizaciones Embarq México, Centro Mario Molina e Instituto Mexicano para la Competitividad.
Son dos reformas que por momentos se confunden, pero al mismo tiempo podrían ser parte de la misma reforma, así lo plantea la Gran Metrópoli de México. La reforma política del Distrito Federal no habría sido tan confusa si la ciudad capital no estuviera desbordada hacia dos estados con más población conurbada que interna: lo político y lo metropolitano se tocan.
Al ser la sede de los poderes federales, el Distrito Federal no puede ser exactamente igual a los demás estados, pero esto, a su vez, no debe limitar derechos de los ciudadanos. El GDF ha impulsado cambios positivos en sus 16 años de existencia; no es el caso de las delegaciones, que son entes muy corruptos, guetos de partido que tienen todos los incentivos para simplemente atender lo urgente sin generar políticas públicas. Pese a los constantes escándalos de corrupción en las delegaciones, la alternancia es poco común.
Pero desde la otra perspectiva, todas las políticas del GDF tienen un enfoque local no metropolitano. Salvo excepciones, la coordinación metropolitana es nula.
La #ReformaUrbana también es una reforma política. Una de las propuestas consiste en “Fortalecer lo metropolitano”. La idea desgarra las vestiduras de los constitucionalistas, aunque no implica un rompimiento con el esquema federal-estatal-municipal. Sí obliga a construir esa visión metropolitana y no ver a estados y municipios como bloques aislados (tenemos ya otras ciudades desbordadas más allá de su frontera estatal, como Puebla y Torreón). Es aquí donde las dos reformas se empatan.
Desde mi punto de vista la reforma política del Distrito Federal debiera quedar subordinada a una gran reforma urbana. Urge que las delegaciones se transformen en municipalidades, que se beneficien de la recaudación y que cuenten con cabildo políticamente equilibrado. El tema del endeudamiento no me preocupa que siga estando sujeto a aprobación de la Cámara de Diputados si los 31 estados tuvieran la misma obligación.
Sin embargo, lo que desde mi perspectiva tendría mayor trascendencia sobre la vida de los habitantes del Distrito Federal es que el desarrollo de la ciudad central y la metrópoli fuera parejo. Hoy en los municipios conurbados no pasa absolutamente nada (de hecho son más corruptos que las delegaciones, con menos transparencia y menor respeto a los derechos humanos) y la capital sí está cambiando su modelo urbano pero sin ninguna posibilidad de construirlo con visión metropolitana.
El llamado que hace el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para una Reforma Política del Distrito Federal debiera llevarnos a que ésta sea parte de una Gran Reforma Urbana en beneficio de todas las ciudades del país.