El gobierno pone su resto sobre la mesa.

 

Sus negociaciones con los dirigentes de los dos principales partidos de oposición no se interrumpieron antes de las elecciones y han continuado después de ellas.

 

La información ha sido corroborada en los tres frentes, el oficial, el panista y el perredista.

 

Con base en ella anunciamos la semana pasada cómo Gustavo Madero y Jesús Zambrano pidieron al secretario Miguel Ángel Osorio Chong tiempo para arreglar sus diferencias intrapartidistas y regresar al Pacto por México.

 

Tal vez con ese propósito de asepsia facial en su propia casa condicionaron la reanudación del diálogo al cumplimiento de cinco acciones, todas inherentes a una reforma política.

 

Lo hicieron a su manera y con poca razón.

 

Al margen de las condiciones imperantes antes y durante las elecciones del domingo 7 de julio, el Pacto marca la pauta para ampliar la democracia en todos los sentidos, desde la conformación de un gobierno de coalición hasta una ley de partidos.

 

En el texto del 2 de diciembre, gobierno y partidos se comprometen a constituir una autoridad electoral única, hasta la conversión del Distrito Federal en estado soberano.

 

ENERGÉTICA AL SENADO Y HACENDARIA A LA CÁMARA

 

Gustavo Madero y Jesús Zambrano optaron por plantear exigencias y ganar portadas periodísticas.

 

En lugar de contestarles por la misma vía, la mediática, el gobierno reaccionó con operación política.

 

Reforzó sus contactos domingo y lunes y, en espera del resultado de la reunión cupular de hoy del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se prepara para institucionalizar el diálogo y la acción.

 

Los encuentros podrían reanudarse esta semana, como convinieron desde la pasada Miguel Ángel Osorio Chong, Madero y Zambrano, tentativamente el jueves.

 

Simultáneamente, se hacen preparativos para acelerar la redacción y los consensos para las reformas energética y hacendaria.

 

Quieren disipar los fantasmas del fracaso y, en aras de ello, ya se decidieron las cámaras de origen: la primera irá al Senado de la República y la segunda, con sustento jurídico, a la de Diputados.

 

Todo a las prisas porque, como se señaló aquí ayer, hay plazos perentorios para emitir las Ley de Ingresos y el Presupuesto federal.

 

Sólo así, y con la voluntad de partidos y bancadas legislativas, se cumplirá el calendario de terminar 2013 con esos cambios e iniciar 2014 sin las ataduras actuales a los ingresos petroleros.

 

REUNIONES SEMANALES PARA QUEJAS ELECTORALES

 

En sus quejas electorales la oposición culpa a “todos los gobernadores priistas”.

 

No hace diferencias, pese a haberlas.

 

En varias entidades se montaron mesas de diálogo y semanalmente se organizaban reuniones para analizar el desarrollo de las campañas y encontrar solución a las anomalías.

 

Un ejemplo es Tamaulipas.

 

Todos los viernes, a las diez horas, acudían dirigentes partidistas -a excepción de Movimiento Ciudadano- para repasar los hechos de la semana.

 

Este ejercicio se inició desde 2012 y se institucionalizó en enero de 2013, cuando había fracasado el esfuerzo de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) por ir en alianza.

 

Regularmente asistía el gobernador Egidio Torre y, en su ausencia, presidía los trabajos el secretario de Gobierno, Herminio Garza.

 

Las memorias no registran problemas mayores.

 

Sí se registra, en cambio, cómo los delegados federales eran virtuales prisioneros en sus oficinas, sin capacidad para salir a operar sus programas para no ser acusados de servir a uno u otro partido.

 

La efervescencia política impidió inclusive una gira del presiente Enrique Peña para poner en servicio obras de rehabilitación ecológica.

 

Así se dio el triunfo panista en Nuevo Laredo, Matamoros y otros seis municipios menores, y la recuperación priista en enclaves opositores como Madero y Tampico.

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