MADRID. Luego que el líder del opositor Partido Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, amagara con presentar una moción de censura contra el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, si no comparece en el Parlamento por el caso Bárcenas, el Partido Popular reviró e hizo saber que “no ve razones” para que Rajoy Brey deba dar más explicaciones sobre lo declarado por Luis Bárcenas, el ex tesorero de ese partido, respecto a la existencia de una doble contabilidad y del pago de sobresueldos a funcionarios.
El lunes, tanto Mariano Rajoy como la dirigencia de su partido desestimaron los señalamientos de su opositor político y los calificaron de “chantaje”. En respuesta, la mañana del martes, el secretario general del PSOE afirmó que la permanencia de Rajoy -implicado en presuntos cobros de sobresueldos ilegales- en el gobierno “es fuente de inestabilidad” y advirtió que presentaría una moción de censura contra el jefe de gobierno si no comparece ante el Parlamento.
La presencia del jefe de gobierno sería para explicar las declaraciones que hizo Luis Bárcenas ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en las que afirma que realizó operaciones de financiamiento ilegal para el partido del actual jefe de gobierno y de que le dio pagos irregulares. De esas afirmaciones, el diario El Mundo publicó copias de los mensajes que cruzaron por sus teléfonos celulares Rajoy y Bárcenas hasta este año.
La reacción del partido en el gobierno fue rotunda. El vocero del Grupo Popular, Alfonso Alonso, declaró que si Alfredo Pérez Rubalcaba mantenía su decisión de presentar una moción de censura al gobierno “el PP estará esperando”. Esa afirmación suponía que el PSOE se anticipaba a un escenario electoral.
Lo que dijo Bárcenas
En su cuarto encuentro con el juez Pablo Ruz, el ex tesorero del PP aportó información sobre la tragedia ocurrida el 26 de mayo de 2003 en el vuelo UKM 4230 de UM Air que se estrelló en Turquía con 75 pasajeros. Murieron 62 militares españoles que retornaban a casa luego de cuatro meses y medio en Afganistán y Kirguistán, junto con 12 tripulantes ucranianos y uno de origen bielorruso. El gobierno español declaró duelo nacional y la investigación posterior llevó a abrir varios procesos judiciales.
Al respecto, Bárcenas afirma que entregó dinero procedente de la contabilidad paralela del PP para pagar la defensa de los militares acusados en ese caso. Hasta ahora, la prensa española ha reseñado que Federico Trillo, ex ministro de Defensa y actual embajador español en Londres, siempre ha negado ese financiamiento.
Los juicios fueron por los errores en la identificación de los cuerpos, por los que un general y dos comandantes fueron condenados, y otro por las irregularidades en la contratación del vuelo, que lanzó la sombra de la duda sobre la cúpula militar de la época y que finalmente se archivaron.
José Bono, sucesor del ministro Trillo, no quiso pagar la defensa de los militares acusados y ahora se dice que esos costos fueron cubiertos por el PP.
Mientras los partidos políticos cruzan acusaciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió un pronóstico de que en 2014 España alcanzará 28% de desempleo de su población económicamente activa (PEA). En mayo, la tasa de desempleo fue de 26.9%, la segunda mayor de los 34 países que pertenecen a esa organización, con lo que apenas supera por unas décimas porcentuales a Grecia, que roza el 28.2% del desempleo.
El organismo expresa su temor de que aumente la desocupación de largo plazo -que en 2012 era del 47%- y que se convierta en desempleo estructural. Los datos de la OCDE no se distancian mucho de los pronósticos del propio gobierno. El primer trimestre de 2013 España terminó con seis millones 202 mil 700 desocupados, lo que representa el 27.16 de su PEA, según el Instituto Nacional de Estadística.
En Barcelona, el yerno del rey Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, pidió al tribunal de Barcelona que mantenga la prohibición de publicar correos electrónicos que considera privados, algunos de los cuales fueron difundidos a raíz del caso de corrupción por el que está siendo investigado. Asistió a la corte por la demanda que presentó contra varios medios de comunicación y su ex socio, Diego Torres, junto con quien está siendo investigado por supuesta desviación de seis millones de euros del Instituto Noos.