Este próximo 31 de julio vence el plazo para que Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se pongan de acuerdo en los términos del contrato colectivo de trabajo que los une.
Si bien esta revisión se realiza anualmente por ambas partes, es cada dos años cuando se negocian los términos del contrato sin ninguna exclusión. Es el caso de la negociación de este año a la que, además, se añade un anexo fundamental: la propuesta planteada por la petrolera para modificar el actual régimen de pensiones que ofrece la empresa a sus trabajadores y que es uno de los más generosos que existen en el país.
Por ejemplo, los trabajadores de Pemex se jubilan con una pensión mensual referenciada a 100% del último sueldo que percibieron en activo, pensión que se actualiza de acuerdo con los incrementos que reciben los trabajadores en activo. Así que, en términos prácticos, los más de 75 mil pensionados que tiene Pemex ganan lo mismo que los 140 mil trabajadores en activo de la paraestatal -salvo algunas prestaciones que pierden los jubilados-, por lo que la erogación en sueldos y los incrementos salariales anuales implican a 215 mil trabajadores por igual, tanto activos como jubilados.
Por eso, y por otras suculentas prestaciones que ofrece el actual régimen de pensiones de Pemex a sus jubilados, es que el pasivo laboral de la petrolera ya supera la descomunal cifra de 1.3 billones de pesos, más de 100 mil millones de dólares.
Modificar el régimen de pensiones en Pemex es una cuestión indiscutible, porque de no hacerlo, la empresa se ahogará financieramente dado el ritmo de crecimiento anual en el número de jubilados frente al necesario estancamiento en la cantidad de trabajadores en activo.
La cuestión es en qué términos se modificará. Todo hace pensar que el nuevo régimen de pensiones se pactará con edades de jubilación de 65 años (actualmente es de 55 años), bajo un esquema similar al de las afores y que será aplicado sólo a los nuevos trabajadores de la petrolera, pero no a los actuales, quienes tienen un contrato cuya presunta violación podría ser sujeto de miles de demandas con altísimos costos para la empresa.
Las negociaciones en las mesas de trabajo entre sindicato y empresa, caminan. Si bien el sindicato ha pedido 7% de incremento global, lo más probable es que éste se cierre en alrededor de 5% ó 5.5% global con 3.9% ó 4% directo al salario; a la vez que se negocian otros asuntos derivados del contrato colectivo de menor impacto presupuestal.
Pero lo que la próxima semana tendrá ocupados a los líderes sindicales y a la dirección de Pemex es la negociación final sobre el régimen de pensiones, un paso previo obligado para la reforma energética y de Pemex que se discutirá en el Congreso a partir del 1 de septiembre próximo.
Pero hay un elemento más que debe ser considerado en esta negociación. Y es que los cambios organizacionales contemplados para Pemex significarán una eliminación de, al menos, 15 mil actuales puestos de trabajo en la petrolera -tanto de trabajadores de confianza como de sindicalizados- lo que no sólo -se presume- incrementará las demandas laborales en contra de la empresa y, con ello, su necesario costo legal; sino que también elevará la presión sobre sus finanzas y aumentará el costo relativo de los pasivos laborales por cada trabajador en activo.
Más allá de que sea posible políticamente modificar o no la Constitución para dar paso a reformas de mayor calado en el sector energético, la lista de pendientes urgentes -como los pasivos laborales- que tiene Pemex en el ámbito corporativo, financiero y sindical es tan larga que, me temo, que su sólo desahogo provocaría un cambio de enormes proporciones en la mayor empresa del país.
