El presidente de Uruguay, José Mujica, desmintió hoy que vaya a defender en septiembre próximo ante la Asamblea General de la ONU su proyecto de legalizar la marihuana y advirtió que si asiste a la cita, punto que todavía no ha definido, lo hará para hablar de paz y de comercio.
El prosecretario de la presidencia, Diego Cánepa, informó el viernes en declaraciones exclusivas al diario La República que el mandatario tenía la intención de explicar “personalmente” el proyecto en esa cita en Nueva York, un extremo que fuentes oficiales consultadas por Efe no pudieron confirmar ese día.
Este sábado, la presidencia emitió un comunicado en el que aclara que Mujica “desmintió las versiones periodísticas que indicaron en la víspera que viajaría” a la Asamblea General de la ONU “para exponer la posición del Gobierno en relación con el proyecto de regulación de la comercialización y consumo de marihuana”.
El texto puntualiza, no obstante, que Mujica “no ha decidido aún si viajará a las Naciones Unidas, pero en caso de que lo haga, los temas de su intervención serán la paz y el estancamiento de las negociaciones comerciales internacionales en la Organización Mundial del Comercio”.
Desde que subió al poder en marzo de 2010, el jefe de Estado uruguayo ha delegado la representación de Uruguay en ese foro multilateral en su vicepresidente, Danilo Astori, y su ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro.
Mujica, un exguerrillero de 78 años que pasó casi 14 de ellos preso, la mayoría durante la dictadura (1973-1985), ha afirmado en varias oportunidades que la lucha contra el narcotráfico a través de la represión “fracasó” y que se necesitan “alternativas” contra el narcotráfico, que considera el “peor flagelo” de América Latina.
Tras la aprobación el miércoles pasado en la Cámara de Diputados de Uruguay del proyecto de ley que despenaliza la producción y comercio de marihuana, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU advirtió que la norma está en “completa contravención” con las disposiciones de los tratados internacionales sobre drogas, de los que Uruguay es parte.
El plan de Mujica autoriza al Estado a asumir “el control y la regulación de actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis o sus derivados”.
La ley fue aprobada en diputados únicamente con los votos del partido gubernamental, pues la oposición la rechazó en bloque, y ha pasado ya al Senado, donde es previsible que sea ratificada porque el oficialismo tiene también mayoría suficiente.
De esta forma, sus impulsores esperan que la norma entre en vigor en los próximos meses.