Las violaciones a los derechos humanos en Guerrero y Michoacán se han visto en aumento cada vez que militares, marinos o policías federales, acuden a realizar operativos en zonas en conflicto.
Tortura, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, allanamiento de morada, robo y otros, son quejas que presenta la ciudadanía ante las comisiones de Derechos Humanos de dichas entidades.
“De esta lamentable situación nadie está exento. La violación a derechos humanos se da indiscriminadamente contra toda la población, principalmente hombres, aunque mujeres, niños, ancianos e incluso gente enferma ve vulnerada su integridad, su seguridad, su vida”, advirtió Lorenzo Corro Díaz, director de orientación legal, quejas y seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDH).
En entrevista con 24 HORAS, el coordinador de la comisión, señaló que del 1 de enero al 6 de agosto de este año, la Comisión ha recibido 147 quejas ciudadanas contra personal de las fuerzas federales, donde el Ejército encabeza con 71 denuncias; por debajo está la Policía Federal con 69; y la Armada 7.
De acuerdo con el registro estatal, la Visitaduría Regional de Apatzingán, municipio de Tierra Caliente, es donde más quejas se han captado, con 45, de las cuales 19 fueron dirigidas a personal de la Defensa Nacional (Sedena), y 26 a policías federales.
“Estas violaciones han repuntado con los operativos que realizan (…) En un día cuando hay uno (operativo) podemos recibir desde una hasta 12 denuncias por violaciones de federales y militares. Esto es exageradamente grave pues se trata de una cadena de vejaciones e impunidad”, aseveró Corro Díaz.
“Es una cadena, porque para que haya tortura, hubo antes una detención arbitraria, la cual seguramente derivó de un cateo ilegal donde seguro hubo algún robo, y su vez se efectuó por un ejercicio indebido del servicio público o abuso de autoridad. La situaciones son muy graves, y de un gran impacto social que deben ser atendidas”, advirtió el coordinador de la CEDH michoacana.
En Guerrero
En Guerrero, con el conflicto de maestros disidentes, conformación de policías comunitarias y conflictos entre grupos de crimen organizado, la Comisión Estatal registra 98 quejas: 51 por supuestos abusos de federales, 24 contra militares y 23 dirigidas a personal naval.
Allanamiento de morada, intimidación y detención arbitraria son las presuntas violaciones que más se han registrado en el período de enero al 12 de julio de 2013, con 20, 19, y 17 casos respectivamente; por debajo se ubican lesiones (9), robos (8), daños (6), ejercicio indebido del servicio público (5), homicidio (3), y trato cruel, inhumano y degradante, con 2 casos.
“Nada más porque los federales se fueron como tres meses a Chilpancingo por el conflicto magisterial, pero en cuanto regresaron ya tuvimos dos quejas. En lo que va del año tenemos 10 quejas del orden federal, principalmente contra federales y militares”, aseguró Palemon Bautista Cruz, coordinador Regional de la CEDH en la zona de Tierra Caliente, en Guerrero.
En entrevista con este diario, Bautista Cruz, informó que en 2012, se recibieron en Tierra Caliente 29 quejas contra abusos de federales, militares y marinos destacados en la región. Al respecto, señaló que el personal de la PF se mantiene activo durante todo el día en carreteras, poblados y sierras; mientras que el Ejército sale más por las noches.
EXIGEN ELIMINAR EXTORSIONES
Los límites a los que ha llegado la extorsión en Michoacán es el principal problema que deben atacar las autoridades, sin embargo éstas, en muchos casos dan protección a las organizaciones criminales como Leonel y Julio César Godoy Rangel.
Así lo declaró en conferencia de prensa José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A. C., quien dijo que Los Caballeros Templarios, La Familia y el Cártel de Jalisco Nueva Generación han aplicado un sistema de impuestos cobrados con intimidación.
La extorsión no sólo ha llegado a que les pidan cuotas a los negocios legítimos, sino en algunos casos también se llevan a las esposas e hijas de los pobladores. Estos grupos se han convertido en una fuerza que tiene el poder, por encima del que corresponde al de las autoridades públicas, dijo.
Los grupos criminales han impuesto un cobro de “derechos” a los productores de aguacate y limón, a ganaderos, comerciantes e industriales, pero también han creado impuestos a las mercancías de uso común como la carne, el pan y tortillas, así como a las hectáreas cultivadas y cosechadas.
“Lo primero que tiene que hacer la autoridad federal y estatal es erradicar los grupos criminales, y darles seguridad a esas poblaciones de que no van a seguir sufriendo secuestros, extorsiones, robos, homicidios y que va a haber alguien que les de gobernabilidad".
Sin embargo, Los Templarios y La Familia han podido operar gracias a la impunidad y a la protección de gobernantes y políticos locales, pero también de servidores públicos federales. Tal es el caso de Julio César y Leonel Godoy, este último ex gobernador de Michoacán, quienes “usaron todo su poder para proteger a estos criminales”.
Esta asociación demanda que la Procuraduría General de la República ejecute la orden de aprehensión en contra de Julio César Godoy y reactive la investigación sobre la protección dada a los grupos criminales por parte de Leonel Godoy.