Como presuntos responsables del homicidio de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejercitará acción penal contra dos ex agentes ministeriales.
Los funcionarios pertenecientes a la procuraduría estatal, son Ismael Matadama y Rey David Cortés Flores, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, quienes tendrían participación en los acontecimientos violentos del pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol, tras los que murieron tres personas, entre ellas dos normalistas.
El encargado del despacho de la PGJE, Juan Manuel Herrera Campos, informó que los probables responsables están plenamente identificados, luego de analizar el material de las investigaciones que integran la averiguación previa respectiva.
Dijo que durante el desarrollo de la investigación, se desahogaron las pruebas pertinentes a fin de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes intervinieron en los hechos, y explicó que se ha trabajado en un marco de colaboración con la Procuraduría General de la República, y que se han recibido por parte de esa dependencia federal las pruebas que la misma desahogó en relación al caso.
Respecto a las lesiones que sufriera en esa fecha Gonzalo Miguel Rivas Cámara, empleado de una gasolinera, quien falleció a consecuencia de las mismas el 1 de enero de este año, se mantiene abierto el desglose para avanzar en las investigaciones.
Explicará la Policía Federal
Para que aclare la actuación de la Policía Federal en el desalojo violento de estudiantes de la Escuela Normal Rural, en Chilpancingo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) decidió citar al comisionado general de esa corporación, Facundo Rosas Rosas.
La comparecencia está programada para el próximo miércoles en la sede de este organismo autónomo al mediodía.
Rosas Rosas es el segundo servidor público al que cita a comparecer el organismo, luego de que el pasado 26 de diciembre se realizara la diligencia con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
La CNDH apuntó en un comunicado, que “de considerarse necesario para la mejor investigación de este caso, podrán ser llamados otros servidores públicos”, entre ellos el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El 12 de diciembre de 2011, un grupo de estudiantes fue desalojado de manera violenta de la Autopista del Sol por policías federales y ministeriales de Guerrero. El saldo fue de dos estudiantes muertos por disparos de bala, así como un empleado de una gasolinera por quemaduras, tras el incendio de una bomba de combustible.
Debido al abuso de la fuerza y a violaciones graves a los derechos humanos en el asunto, la CNDH realiza una investigación de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución mexicana.
En este sentido, el organismo subrayó que un grupo de visitadores, encabezados por el primer visitador general, Luis García López Guerrero, realizó nuevos peritajes en la Autopista del Sol para revisar el origen y la trayectoria de los disparos de arma de fuego, utilizando rayos láser y maniquíes.
También visitó la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, donde recorrió las instalaciones de la escuela, llevó a cabo una reunión con estudiantes, les entregó una copia del informe preliminar de la CNDH sobre este caso y recabó testimonios de afectados durante y después del enfrentamiento con fuerzas del orden.
El visitador hizo énfasis en la necesidad de brindar protección a las personas que han aportado información para el esclarecimiento de lo ocurrido, a fin de evitar cualquier riesgo.
Una vez agotadas las investigaciones, el organismo procederá a la presentación de la recomendación respectiva.
Hace una semana, la CNDH presentó un informe preliminar sobre la investigación, el cual adelantaba que por la trayectoria de los disparos, policías ministeriales (del gobierno estatal) habrían sido los responsables de la muerte de los estudiantes.
También reveló que la Policía Federal había provocado el enfrentamiento, mintió en sus informes y ocultó información.
De igual forma, señaló a dos personas, se presume que son estudiantes normalistas, de incendiar una bomba de combustible, que a la postre ocasionó la muerte de un trabajador de la estación de servicio.
Saldo de los hechos
3 personas muertas
4 heridas
24 detenidos
14 sufrieron tratos crueles
1 fue torturado
12 policías (seis ministeriales y seis estatales) permanecen arraigados desde el 20 de diciembre
164 policías participaron en el enfrentamiento (Policías Federales, Policías Ministeriales y Policías Estatales Preventivos)
67 uniformados portaban armas