De aprobarse la reforma energética, el gobierno de Estados Unidos buscará implementar el Tratado sobre Yacimientos Transfronterizos firmado en 2012 con México, cuya aprobación final está detenida y forma parte de un fuerte debate en el Congreso de ese país.
“El Senado mexicano ratificó al acuerdo en abril de 2012. Sin embargo, el Congreso de EU debe de implementar la legislación para dar al Departamento del Interior la facultad de desempeñar su papel en el acuerdo”, señala un documento de Brookings Institution, un centro de investigación sin fines de lucro que se dedica a analizar las cuestiones de la política pública estadunidense.
En febrero de 2012, los gobiernos de México y Estados Unidos lograron firmar el Tratado sobre Yacimientos Transfronterizos que establece un marco jurídico que da certidumbre a los que quieren participar en la explotación de hidrocarburos que se encuentren en la franja fronteriza.
Este marco jurídico está apegado a lo que marca la Constitución mexicana.
No obstante, la reforma energética presentada el lunes por el presidente Enrique Peña Nieto busca cambiar algunos artículos constitucionales para permitir la inversión privada en el sector petrolero, del gas y de la electricidad del país, por lo que en Estados Unidos se propone negociar para implementar el tratado.
El acuerdo busca garantizar la propiedad de los hidrocarburos que se encuentren en el Golfo de México, así como la renta petrolera.
Este tratado fue ratificado en abril de 2012 por el Senado mexicano, pero en Estados Unidos todavía está detenido en el Congreso. Esto hace que el convenio no puede entrar en vigor hasta que el gobierno estadunidense lo apruebe.
“El proyecto de ley (que daría la aprobación del tratado) está ahora en el Congreso y debería ser discutido en septiembre, en cuanto termine el receso de agosto”, explicaron a 24 HORAS fuentes del Departamento de Estado de la Unión Americana.
No obstante, el tratado actual causa discrepancia dentro del Congreso, pues de acuerdo con David Goldwyn, ex coordinador de asuntos energéticos internacionales del Departamento de Estado y quien elaboró el documento de Brookings Institution, ciertos políticos consideran que se debe ampliar el acuerdo para dar más poder al Departamento del Interior para negociar sobre la explotación de yacimientos de hidrocarburos transfronterizos.
“Hay una discrepancia real sobre este tratado. En lugar de implementar el acuerdo, el Congreso debe expandir la autoridad del Departamento del Interior para poder desempeñar su papel en cuanto a las negociaciones sobre los yacimientos transfronterizos. Es algo muy técnico. Más que ampliar el tratado, lo que se debate es la cuestión legislativa”, dijo a 24 HORAS, David Goldwyn.
En el documento del Brookings Institution, Goldwyn explicó que el tratado podría ser muy importante para la industria estadunidense debido a las restricciones constitucionales mexicanas que han impedido la operación de compañías petroleras internacionales en el territorio mexicano durante los últimos 75 años.
Esto puede beneficiar a Estados Unidos y a su seguridad energética por el hecho de que la falta de capital extranjero, de inversión y de experiencia ha dificultado de manera importante a México para mantenerse como uno de los principales proveedores de crudo para el país vecino.
“El punto es que México ya presentó una reforma energética, lo que puede dar una oportunidad de negocio y ayudar el desarrollo de la tecnología en la región. Entonces debemos implementar este acuerdo”, concluyó Goldwyn.
