Su nombre era Juliard, y viajó desde Brasil hasta México con la intención de llegar a Estados Unidos, pero su travesía termino en San Fernando, Tamaulipas cuando no quiso ser sicario de Los Zetas.
Lo asesinaron junto con otros 71 migrantes, su familia reconoció su cuerpo al ver la noticia en la televisión. Ayer, Gloria contó su testimonio en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Dijo que ya no tenía miedo de venir a México, que era una heroína igual que su sobrino.
Mañana se cumplen tres años de la masacre de San Fernando y ayer el jurado internacional exigió al Estado Mexicano garantizar la seguridad de los migrantes y cada uno dio su opinión sobre las medidas que tienen que adoptar México y Estados Unidos.
Estas medidas son acabar con la impunidad, dar protección a la vida, acceso a la justicia y que el estado reconozca su culpa.
Guatemala es el país donde empieza "la ruta de la muerte", la Policía Nacional extorsiona migrantes, dijo el padre Alejandro Solalinde, director del albergue "Hermanos del Camino" en Ixtepec, Oaxaca.
Todo el territorio mexicano forma parte de esa ruta, pero los puntos más inseguros se encuentran en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila, en zonas que son consideradas de alto riesgo y que están abandonadas por el Estado, expresó.
En el tercer aniversario de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, Mario Patrón, Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, denunció que estas víctimas y sus familiares no han tenido acceso a la justicia ni a la rendición de cuentas por parte del Estado.
Tanto los migrantes como los defensores son víctimas de secuestros y desapariciones forzadas, además de acoso y hostigamiento, por lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos exige que el estado mexicano sea juzgado y procesado por estos crímenes.
También hacen responsable al gobierno de Estados Unidos por las políticas migratorias que criminalizan y persiguen a los migrantes, como parte de un proceso que implica la militarización de las fronteras norte y sur.
Azadeh Shahshahani, presidente del National Lawyers Guild de Estados Unidos (Gremio Nacional de Abogados), aseguró que el gobierno estadounidense también tiene la responsabilidad de prevenir más muertes y violencia en contra de migrantes.
Detalló que el proceso de la reforma migratoria profundizará ese proceso de militarización, que se puso en marcha desde 1994, y que implica, entre otras cosas, ampliar el presupuesto para la construcción del muro en la frontera a un costo de 46 mil millones de dólares.
Además añadirá elementos de la patrulla fronteriza a 40 mil elementos e instalará medidas de vigilancia, con drones y helicópteros. En lugar de esto, detalló, debería implementar medidas para defender los derechos de los migrantes y respetar la dignidad humana.
Iver Orstavik, de la fundación Rafto de derechos humanos, dijo que la violación de los derechos humanos es un problema global y aseguró que lo que falta, en México, no es limpiar la imagen a nivel internacional sino "la verdadera protección a los y las migrantes y defensores de sus derechos, tanto fuera como dentro del gobierno".
Un problema trasnacional
El jurado internacional que participó en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TTP) señaló que este problema es trasnacional, ya que países centroamericanos también se ven afectados, como Honduras, Colombia y Brasil.
Exigen al estado mexicano adoptar medidas de prevención para evitar más ataques a migrantes, también tiene la obligación de la reparación integral a las víctimas.
"Mientras persista la impunidad, el estado es responsable de estas acciones", declaró Camilo Pérez Bustillo, representante de la Comisión sobre Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado de TTP.
Los gobiernos de los países son responsables de implementar el acceso a la justicia, la transparencia y la soberanía nacional, además de la reparación de los daños tanto materiales como inmateriales.
Los defensores de migrantes dijeron que desde finales de julio a la fecha han recibido agresiones por parte del crimen organizado y policías en diferentes albergues de Chiapas, Coahuila, Estado de México, Oaxaca y Tabasco.
DATO
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De agosto se cumplen tres años de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas a manos de Los Zetas
