Hace tres años la Organización de las Naciones Unidas alertó al gobierno de México sobre la situación de emergencia entre la población tarahumara. El organismo internacional enteró al gabinete social que las poblaciones de Batopilas, Caichi y Morelos, en Chihuahua, mostraban una de las más grandes caídas en niveles de desarrollo humano en el país, sin embargo solamente se tomaron soluciones “clientelares” para paliar la situación.
Y desde hace seis años, es decir tres años antes que la ONU, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) puso a disposición de la opinión pública un diagnóstico en el que advirtió que los tarahumaras tienen uno de los índices de marginación más grande del país.
La población tarahumara en México es de aproximadamente 141 mil 337 personas, según datos del PNUD. Tras señalar lo anterior, Rodolfo De la Torre, coordinador General de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, manifestó que independientemente de la polémica sobre los presuntos suicidios de indígenas a consecuencia del hambre, “advertimos que ahí había que poner atención y lo que sucede ahora puede estar asociado a que esto no se haya tomado en cuenta. La situación es más compleja, las acciones del gobierno federal y estatal no son progresivas para que se brinde atención a la población indígena”.
Según las mediciones del PNUD, el índice de desarrollo humano de esta población es 0.65% (el más alto es 0.100%) que si bien es cierto no está entre los 10 más bajos del país, sí tiene pueblos como Batopilas y Ojinaga que han mostrado en los últimos años un deterioro importante en la calidad de vida de la población indígena.
Las advertencias de la ONU y la CDI no son las únicas, desde el año pasado se avizoraba que la sequía traería problemas de alimentación para la población, ya que por esta causa se perdió 90% de la cosecha de frijol. Según información de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el año pasado en la entidad llovió 75% menos que en 2010, lo que tuvo importantes repercusiones en el agro y en el caso de la población tarahumara, la actividad agrícola es para autoconsumo.
Debido a que los ranchos de los tarahumaras están muy retirados y los costos de la infraestructura resultan elevados, el acceso a los servicios ha sido muy limitado: 90.6 % de los hablantes de lengua tarahumara, que viven en localidades con más de 40% de población indígena, no cuenta con servicios de salud; 78.9 % no tiene agua entubada; 96.6 % carece de drenaje; 91.6 % no posee energía eléctrica; y 80.5 % de las viviendas tienen piso de tierra.
De acuerdo con estimaciones del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Gobierno de México (CONEVAL), en la Sierra Tarahumara se concentran los índices más altos de rezago social del Estado de Chihuahua.
“La emergencia no debe hacernos olvidar que es un tema recurrente y que una vez que pasen las acciones de emergencia se requiere corregir fallas estructurales de las políticas públicas que hace tiempo se han venido dando. Nosotros detectamos que desde hace tiempo la zona tarahumara se quedo detenida en sus niveles de desarrollo de infraestructura, generación de empleos, alimentación, abasto de agua y atención médica.
“Había focos rojos en cuanto a bajo desarrollo humano. Llamamos la atención de que era muy difícil de imaginar que con tan bajo desarrollo humano la población pudiera salir adelante”, insiste el representante del PNUD.
Asegura que a pesar de la gravedad de su situación, México aún está a tiempo de salvar a la etnia de la extinción, pero para hacerlo necesita reorientar las políticas públicas no solamente en materia de alimentación y atención a la salud, sino también de subsidios al campo para dotarlos de tecnologías y semillas mejoradas, así como proyectos productivos que les garanticen un ingreso.
