Cuando Ana María Orozco inició en agosto del 2011 una ofensiva legal contra el ex presidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, por el pago de manutención de sus dos hijos, abrió una puerta que la llevaría a ella a prisión, y al ex ministro al escarnio público.

 

La forma en que Góngora intentó regatear el apoyo a sus hijos, identificándolos como de clase media baja, la denuncia por fraude que interpuso contra su esposa y su posterior arrepentimiento, fueron ampliamente divulgados.

 

Pero en el expediente de la técnicamente llamada “controversia de tipo familiar”, al que 24 HORAS tuvo acceso,  hay pasajes que poco o nada se difundieron, y que retratan aristas del caso y actuaciones no solo de las partes, sino también de los jueces involucrados.

 

Los “tickets” de Orozco

 

En agosto del 2011 Orozco entregó a la jueza familiar 432 facturas por un gasto de 535 mil pesos en seis meses, para justificar la manutención de sus hijos Ulises y David. Pero el análisis de las notas le salió contraproducente.

 

El 24 de octubre el magistrado Juan Luis González Carrancá, de la Cuarta Sala Familiar, la calificó de “mendacidad” (mentirosa) y de querer engañar al Tribunal introduciendo gastos que nada tenían que ver con los niños, como la compra de comida para perros.

 

El 1 de febrero, en la resolución del amparo que Orozco había solicitado y que le fue rechazado, el Juzgado Primero de Distrito clasificó y evidenció lo que la ex esposa de Góngora quiso comprobar.

 

Las facturas entregadas, 62 de ellas por un monto de 73 mil pesos, comprobaban la compra de cigarros, cervezas, recargas de celulares, ropa femenina, perfumes, entre otros. Por ejemplo, el gasto de 17 mil pesos por un espejo en Liverpool.

 

Las sumas y restas

 

Para calcular la pensión de los niños, el magistrado González Carrancá hizo una serie de operaciones que el mismo terminó ignorando en su propia sentencia, para luego confirmar el pago de 50 mil pesos.

 

Tras dividir, restar y multiplicar varias cantidades, resolvió que 17 mil 907 pesos era  la cantidad correcta que requerían los menores para su sustento mensual, lo que quedó asentado en la página 14 de la sentencia. Pero en la página 15, sin explicación, dijo que la pensión debía ser de 13 mil 789 pesos. Y dos párrafos más abajo, al decretar cómo debería quedar el pago, González Carrancá olvidó por completo sus cifras y resolvió que se fijaba como pensión 50 mil pesos.

 

Cuando Góngora apeló el 35%  que originalmente le querían descontar para la pensión, dijo que sus hijos tenían derecho al ISSSTE. La Cuarta Sala le ordenó inscribirlos, porque no lo había hecho,  pero Orozco lo consideró un acto discriminatorio.

 

“El ex ministro en su vida ha asistido a una clínica del ISSSTE a recibir atención médica (…) por su avanzada edad acude con los mejores especialistas particulares a los Hospitales más elitistas, lo que indica una total discriminación”, señaló Orozco en el amparo de febrero del 2012.

 

Pero el juzgado federal que resolvió el amparo corrigió los argumentos de Orozco argumentándole que el acceso al ISSSTE no era un acto discriminatorio sino un derecho.

 

Emite CNDH recomendación

Autoridades capitalinas deberán ofrecer una disculpa institucional por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra una mujer que reclamó una pensión alimenticia para sus hijos y que fue privada de su libertad durante 12 meses de manera ilegal e injusta.

 

La Recomendación 32/2013 está dirigida al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del D.F. y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

 

La Comisión señaló que empleados de esas dependencias, a quienes no identificó, incurrieron en violaciones a derechos humanos, por lo que exigió que se garantice que hechos como ese no se volverán a repetir.

 

“La CNDH considera que con la actuación de estos funcionarios se configura un tipo de violencia contra la mujer al re victimizarla por exigir esa retribución para sus hijos, lo que constituye una violación de las leyes y tratados internacionales que tutelan los derechos humanos”.

 

También emplazó a colaborar en el trámite de las quejas que promueva ante la Contraloría General del Distrito Federal, la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del D.F. y ante el Consejo de la Judicatura de esta capital, según corresponda.

 

En el comunicado emitido, indica que se deberá capacitar y/o actualizar al personal sobre los derechos de las niñas y los niños, así como de las mujeres.

 

La Comisión “condena el hecho de que las autoridades de la esfera judicial quebranten las leyes al ponerles trabas y obstáculos para acceder a esas pensiones; este tipo de violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.

 

“En agosto de 2011, la agraviada había demandado al padre de sus hijos una pensión alimenticia a su favor y el de sus menores hijos, que sufren una discapacidad; por su parte, él la acusó por los delitos de fraude genérico y actos de violencia familiar en contra de los niños, transgresiones que finalmente se demostró, nunca existieron”, explica el documento.

 

En su investigación, la Comisión Nacional constató la existencia de violaciones a los derechos huma nos a la seguridad jurídica, a la legalidad, al acceso a la justicia, al acceso a las garantías y al debido proceso legal, de la mujer y de sus dos menores hijos con discapacidad, a quienes se les violentó el derecho de los niños y al desarrollo integral de la niñez.