Diputados del Partido de la Revolución Democrático (PRD), del Trabajo (PT) y del Movimiento Ciudadano lamentaron que se hayan declarado como infundadas las pruebas a favor de la liberación del indígena tzotzil, Alberto Patishtán Gómez, por lo que continuará en prisión cumpliendo una condena de 60 años.

 

Durante la sesión de este jueves, Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) lamentó la decisión del tribunal contra Patishtán Gómez, a pesar de las pruebas validadas de las irregularidades en su proceso.

 

Comentó que su liberación hubiera sido una buena oportunidad para los pueblos indígenas y afirmó que esta decisión afectará la imagen pública internacional de México.

 

Por su parte el diputado Carlos de Jesús Alejandro manifestó su preocupación por la resolución del tribunal chiapaneco, la cual consideró como “aberrante”.

 

Mientras que Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) cuestionó que el régimen político del país permita que todos los días se exoneren delincuentes y que a los inocentes se les someta a penas indebidas.

 

Asimismo, se pronunció porque los legisladores encuentren un medio para exigir que el Ejecutivo federal tome cartas en el asunto y resuelva el problema de manera favorable para el indígena Patishtán Gómez.

 

Aída Fabiola Valencia Ramírez (MC) expresó el “rechazo tajante” de su grupo parlamentario ante lo que consideró una nueva injusticia en contra del profesor tzotzil e hizo un llamado para que se tome nuevamente en consideración dejarlo en libertad.

 

El Consejo de la Judicatura Federal confirmó que a Alberto Patishtán sólo le resta el recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar de obtener su libertad.

 

El primer tribunal colegiado del vigésimo circuito con sede en Chiapas declaró infundadas las pruebas con las cuales los abogados de Alberto Patishtán pretendían obtener su reconocimiento de inocencia.

 

Patishtán Gómez, un maestro indígena bilingüe, se encuentra preso en Chiapas desde hace 13 años, acusado de homicidio y lesiones calificadas, daños en propiedad ajena y portación ilegal de armas de fuego.

 

Se le señala como responsable de emboscar y matar él solo, a siete policías estatales que iban a bordo de una patrulla en un paraje del municipio de El Bosque y Simojovel, en junio del año 2000, por lo que fue sentenciado a 60 años de cárcel.

 

A mediados del pasado mes de agosto, Amnistía Internacional consideró injusta su sentencia y encontró irregularidades en el proceso.