El trabajo en prevención es deficiente, tiene que ser mucho más profundo y focalizado, y no hay una estrategia por parte del gobierno federal, señaló el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas.

 

Indicó además que el presupuesto destinado a este rubro es el mismo que en el sexenio de Calderón. “En materia de prevención se habla que hay millones y millones, lo que hay son exactamente los mismos que había en la época de Calderón, lo único que están haciendo es etiquetando lo que traen en varios programas”.

 

“Aquí se hizo todo al revés, se elaboraron programas, se entregó el dinero y yo no veo una estrategia”, afirmó.

 

Durante la presentación del "Estudio del mes de Julio 2013 sobre las denuncias de los delitos de alto impacto", los representantes de organizaciones civiles Isabel Miranda de Wallace, Fernando Martí, Héctor Larios y Edna Jaime solicitaron que el gobierno nombre a una persona encargada de coordinar todo el tema del secuestro, además de solicitar que no se prescriban los delitos de secuestro y homicidio.

 

 

El estudio revela que la región centro del país, que abarca el Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, fue la que registró mayor número de denuncias en todos los delitos de alto impacto. El informe también indica que este primer semestre ha sido el peor desde 1997 en cuanto al número de secuestros.

 

El ONC indicó que detectó irregularidades por parte de las procuradurías estatales, ya que no se utiliza el mismo criterio a nivel nacional para recolectar la cifras, tal es el caso de la Laguna, que en Coahuila registran las averiguaciones y en Durango el número de víctimas, lo que hace difícil el conteo.

 

La presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda, dijo que este delito se produce cada vez con mayor violencia debido a que existe un resentimiento social, además, 30 de cada 100 personas secuestradas son asesinadas, detalló.

 

Aseguró que 71% de las víctimas de secuestro son hombres y 29% mujeres y el grupo poblacional que más padece este delito son personas entre los 21 y 30 años, seguido de gente de más de 50.

 

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