Joaquín Vargas regresó a Los Pinos y a la polémica.
Vea usted:
Su empresa MVS ya tiene un principio de acuerdo con el gobierno federal sobre la banda de 2.5 Gigahertz, tan codiciada por los empresarios de las telecomunicaciones.
Y, mal integrado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) dio el golpe y comenzó a retransmitir a través de Dish las señales de televisión abierta de Televisa y TV Azteca.
¿Lo hace con pleno derecho?
Es un intríngulis.
El caso ya fue llevado a la justicia.
Las firmas presuntamente afectadas, Televisa y TV Azteca, acudieron al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y aseguran tener un amparo provisional, lo cual impediría a Dish retransmitir su programación.
Dish, por su parte, invoca la reforma constitucional con vacíos legales:
-No hay ley secundaria en materia de telecomunicaciones.
Y -no está debidamente integrado Ifetel, el cual debe dar la autorización correspondiente.
Ante semejantes lagunas, ayer el vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independiente de México (ATIM), Salomón E. Padilla, envió un escrito a los integrantes del pleno para pedirles su pronunciamiento.
Problema difícil para unos novatos.
OFICIOS OFICIALES SIN ACLARAR NI ORDENAR
El problema se veía venir.
La empresa de Joaquín Vargas, cuyo diferendo con el gobierno de Felipe Calderon fue de antología, envió un escrito el pasado 19 de agosto al subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, donde anunciaba sus intenciones.
La respuesta a la filial de MVS y Echostart, Comercializadora de Frecuencias Satelitales y Dish México, correspondió a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinemetografía.
Dice el oficio DG/6581/2013-01 del 30 de agosto, firmado por Andrés Chao Ebergenyi:
“Se le conmina a ajustar su actuar al marco jurídico vigente y observar escrupulosamente las normas jurídicas que obligan a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones referidas en el texto constitucional y demás normas aplicables en la materia.
“Lo anterior para todos los efectos a que haya lugar”.
¿Le entendió usted?
Un oficio similar -el DG/6595/2013-01- fue enviado al apoderado legal de Televimex, Joaquín Balcárcel Santa Cruz.
Parecen los tiempos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de Monny de Swaan, inútil para instrumentar el apagón analógico pero surtidora de trabajo a granel para los tribunales.
Toda su actuación se judicializaba y, se supone, para evitar esos conflictos nació el Ifetel.
No es así y, con Cofetel o Ifetel, parecen los tiempos de Felipe Calderón, Juan Molinar y De Swaan.
POBRES AFANES DE CARPINTEYRO Y ACOSTA
En el desorden creado, saltan varios hechos.
Uno: quienes impulsaron la reforma con la idea de golpear a Televisa y TV Azteca lo celebran, como muestran las expresiones de júbilo de los perredistas Purificación Carpinteyro y Guadalupe Acosta Naranjo.
La ex subsecretaria Carpinteyro, entrevistada frecuente de MVS.
Más ecuánime es Salomón E. Padilla, vicepresidente ATIM en su petición de dar reglas generales para evitar confusiones y, sobre todo, la eterna judicialización de las telecomunicaciones:
“Es esencial (…) conocer la forma exacta de aplicación del mandato constitucional de Must Carry y Must Offer, descrito en el Transitorio Octavo de la Reforma Constitucional que dio nacimiento a esta nueva institución (Ifetel)…
“La reforma indica que se deberá de proporcionar a nuestros suscriptores a partir del pasado 11 de septiembre de 2013 (miércoles) los canales de Televisión Abierta de Carácter Nacional de forma gratuita…
“Sin embargo, nuestros asociados, en su mayoría, se encuentran sometidos a contratos de retransmisión de señales donde se empaquetan en un solo producto dichas señales de TV abierta y se cobra una tarifa fija por ese paquete por cada suscriptor…”.
