El juez Cuarto de Distrito concedió un amparo a Elba Esther Gordillo que podría liberarla de confirmarse la sentencia. El sustento es que la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo justificar ni motivar sus acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada, y violó el debido proceso. La PGR reviró: se trata de “irrelevancias formales” y adelantó que impugnará el fallo.
En un comunicado difundido ayer por la PGR acusó al Poder Judicial de actuar, por segunda ocasión, en "perjuicio" de la sociedad, comparando así esta resolución con la que liberara el mes pasado al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Pero la tarjeta informativa del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue contundente: “el motivo de la concesión del amparo, se debe a la deficiencia técnica en la integración de la averiguación previa, la cual es atribuible al ente integrador de la misma (la PGR)”.
“Es decir, el amparo se concedió por indebida fundamentación y motivación, lo que, se insiste, no implica que el juez de proceso en cumplimiento a la sentencia amparadora, tenga que dictar auto de libertad”, precisó el CJF.
El amparo también fue concedido a los coacusados de Gordillo, José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez, también integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En este expediente la líder sindical fue acusada por la PGR de hacer movimientos financieros de recursos del SNTE por 2 mil 600 millones de pesos, a través de una red prestanombres, para aprovecharlos en intereses personales.
Los motivos
La resolución del juez concentró tres amparos y concluyó, entre otras cosas, que la PGR no presentó los elementos para fundamentar y motivar el auto de formal prisión.
Además las acusaciones tienen imprecisiones en las características de los ilícitos que se les imputan a los acusados, así como en la conducta atribuida al no ser ubicados con exactitud en tiempo y modo para la ejecución del ilícito.
En particular para el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, precisó el CJF, no se contó con una acusación formal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, lo que implica una violación a los derechos humanos de Elba Esther Gordillo y su coacusado.
“…para cometer ese delito (los involucrados) , utilizaron los servicios de instituciones que integran el servicio financiero y consecuentemente para proceder en contra de éstos, se requería necesariamente de la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ende se vulneró el derecho humano del debido proceso”, concluyó el juez ala momento e otorgar el amparo.
Pero para la PGR esto no es cierto, porque sí se presentó la denuncia el 13 de febrero, como lo anunció en un comunicado días más tarde, sobre la querella interpuesta por Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, "además de hacer una relación sobre las operaciones detectadas y denunciar a quienes resulten responsables en la comisión de cualquier delito, la denuncia hace referencia expresa a los vínculos existentes entre personas físicas y morales con las operaciones de los recursos materia de la denuncia, así como a los beneficiarios detectados hasta el momento".
Sin embargo, detalló la PGR, el juez de amparo, Francisco Javier Sarabia Ascencio, desacreditó dicha denuncia argumentando que el funcionario presentó la constancia que lo acreditaba en funciones el 14 de agosto, un día después de que se presentó ante el Ministerio Público. Pero la dependencia hace énfasis en que la constancia deja en claro que el denunciante era funcionario de Hacienda desde el 1 de febrero.
Es por eso que impugnaría el amparo otorgado a Gordillo, y que "por segunda ocasión" veía con "preocupación" el criterio sostenido en este caso por un juez de amparo.
"Utilizando argumentos endebles y sin consistencia jurídica, ponderó equivocadamente irrelevancias formales por encima de las pruebas y hechos acreditados en el ejercicio de la acción penal, en perjuicio del interés social que representa esta Institución", sentenció la dependencia.
Posible libertad
El defensor de la líder del SNTE, Marco Antonio del Toro Carazo, explicó que será un Tribunal Colegiado el que tenga a su cargo la revisión que interponga la PGR contra la resolución del amparo, la cual consideró será ratificada, por lo que su clienta podría ser liberada en dos o tres meses.
“Esto es el producto de los análisis jurídicos que planteamos en donde estábamos seguros que no se integraban los delitos que se le imputaban. No estamos echando las campanas a volar, sábenos que puede venir un recurso de revisión, y nuestra tarea es seguir haciendo nuestro trabajo de una manera profesional ante un tribunal colegiado para que subsista el amparo, y pueda recuperar sus libertada la maestra Elba Esther Gordillo”, dijo el litigante.
