Las diversas entidades del país y sus respectivos municipios estarán  obligados a contratar deudas en las mejores condiciones de mercado, a las instituciones financieras que ofrezcan la menor tasa de interés, según aprobó ayer la Cámara de Diputado en materia de deuda de estados y municipios.

 

El presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Ricardo Anaya, explicó que se aprobó la expedición de una Ley general de operación para deuda en estados y municipios, que, entre otras cosas, establece “la obligación de contratar la deuda en las mejores condiciones de mercado. Es decir, obligando a la banca a competir y contratando la deuda a quien otorgue la menor tasa de interés, lo cual parece una obviedad, pero no era obligación antes de esta reforma”.

 

También se aprobó el que haya límites al otorgamiento de las participaciones federales como garantía.

 

Además, con esta Ley general se podrá impedir que los gobiernos locales se endeuden durante los últimos tres meses de la administración, evitando así, que hereden las deudas los gobiernos siguientes.

 

Por su parte, Julio César Moreno Rivera (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que la reforma en materia de deuda de estados y municipios no busca impedir o limitar los empréstitos de las entidades, sino regular y transparentar su contratación.

 

“Se avanza en materia de transparencia, ya que los órdenes de gobierno estarán obligados a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un Registro Público Único y la ciudadanía podrá conocer los montos de deuda, el acreedor, la tasa de interés, el plazo para el pago y la garantía o fuente de pago”, preciso en entrevista.

 

El diputado perredista explicó que la deuda se realiza con la finalidad de cubrir el déficit presupuestal que tienen la mayoría de los estados, pero no existía una homologación para los criterios de su adquisición, ejercicio y aplicación.

 

“Se observó que los malos manejos contribuyeron a que algunas de las entidades federativas se endeudaran en forma irresponsable”, resaltó.

 

Por ello, agregó, resulta indispensable establecer límites en la Constitución Política que establezcan las bases para vigilar el correcto desempeño y la capacidad de pago del endeudamiento en los diferentes niveles de gobierno.

 

El pleno eliminó de la reforma la creación de una comisión bicamaral que tendría la facultad de avalar las deudas, tal y como lo sugería la iniciativa emanada desde el Senado de la República.

 

Ante este hecho, el diputado presidente Ricardo Anaya explicó que el documento enviado al Senado de la República tendrá sólo dos caminos.

 

“La primera alternativa es enviarla a las Legislaturas de los estados, sin este inciso 4), de tal forma que lo que las legislaturas de los estados votarían es el resto del dictamen, lo que he referido como aquello que sí fue aprobado.

 

La segunda alternativa que tendría el Senado de la República es insistir en la adición de este inciso 4) y, en ese supuesto no podría volver a ser discutido este proyecto de reforma sino hasta el próximo periodo de sesiones”, explicó.

 

La iniciativa fue aprobada por el pleno parlamentario por unanimidad, con 455 votos a favor