El parque Reforma Social, ubicado en Monte Tabor esquina avenida Tecamachalco, en la colonia que le da su nombre ha estado en litigio por más de tres décadas. Si bien ya hubo un fallo en favor de que el predio de 34 mil metros cuadrados, decretado área verde en el mandato del ex presidente José López Portillo, regrese a manos de sus particulares sin embargo tras este fallo la movilización vecinal ha sido otro factor para que siga la disputa.
El debate por el terreno en litigio desde hace 36 años, cobró vida la madrugada del martes cuando un grupo de hombres que armados con palos, piedras y maquinaria pretendía cercar el parque, lo que derivó en un enfrentamiento con los vecinos y dejó un saldo seis personas detenidas y ocho lesionados.
La madrugada del martes el delegado Víctor Hugo Romo dialogó con los habitantes de la zona, mientras los presuntos agresores se retiraron. Fueron unos 500 vecinos quienes armados con piedras y palos enfrentaron a los hombres, al parecer provenientes del Estado de México, por lo que hubo movilización policial y de servicios médicos de emergencia.
El expresidente José López Portillo lo decretó en 1977 deportivo de áreas verdes, y tiempo después fue impugnado por sus propietarios. Los herederos del señor Carlos Cuevas Lascurain, quien presuntamente vendió el terreno al gobierno federal iniciaron un litigio para recuperarlo.
Los particulares obtuvieron un primer fallo favorable en 1996, pero como no se cumplió, el caso llegó hasta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el veredicto fue confirmado, en 2002, por lo que el entonces presidente Vicente Fox tuvo que dejar sin efecto el decreto expropiatorio emitido por López Portillo. Sin embargo nada ocurrió.
El máximo tribunal resolvió que el predio tenía que ser devuelto a los herederos de Cuevas Lascurain, ex hacendado de las Lomas. A la dueña reclamante se le ha identificado como María de Lourdes Mondragón Casas.
El Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, formalizó la entrega-recepción de la superficie que fue materia del juicio el 4 de septiembre de 2009, a través del acta respectiva con esa misma fecha. Pero fue hasta junio de 2010 cuando se informó a los vecinos que el parque Reforma Social se había perdido aunque no se les precisó del todo la situación.
Por ello, desde 2010 los vecinos de la colonia iniciaron protestas, movilizaciones y acciones de resistencia pacífica que incluyen plantar árboles a la instalación de un campamento de vigilancia permanente.
La lectura de la sentencia del máximo tribunal se celebró hasta el 22 de marzo del 2012, dando solución al último recurso de queja interpuesto por la propietaria. Fue hasta entonces, señalan los vecinos, que se tuvo conocimiento de los términos de un convenio firmado por el GDF en septiembre de 2009, por el que un representante del ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, suscribió que tras el fallo se dona a la ciudadanía un 40% del predio -lo correspondiente a 10 mil 323.00 metros cuadrados- a cambio de se otorgue a los particulares bardear el predio, con uso de suelo y sin instalaciones deportivas.
En este último fallo se declaró infundada una queja interpuesta por la dueña en el que exige se aplique el convenio suscrito con el GDF. Pero la Corte señaló que el GDF había cumplido la sentencia de restituir el predio en 2009 y que el cumplimiento de dicho convenio no era parte de la sentencia. Por lo que darle cumplimiento no es obligatorio.
“No somos ciegos ante la impunidad y falta de transparencia en lo referente a permisos de construcción y usos de suelo, todo ocurre a espaldas de la sociedad”, señalaron los vecinos organizados desde un portal de internet que abrieron para explicar y denunciar lo ocurrido con este parque.
El alegato de la parte demandante, es que antes del decreto presidencial de 1977 el predio tenía un uso habitacional y bardeado. Sin embargo los vecino organizados como el grupo Salvando el Parque Reforma Social aseguran que eso no es cierto, que nunca hubo barda y y que en la memoria de quienes habitan en la zona quedó el desalojo y traslado de los habitantes de la “Ciudad perdida de la Barranca” a San Juan de Aragón, coordinado por el gobierno de aquel entonces quien consideró que dicho espacio no era apto para la vivienda.
El convenio signado por el gobierno de la Ciudad y la propietaria no se ha puesto en marcha hasta ahora por la acción vecinal iniciada en junio de 2010, que cuestiona tanto el proceso legal -que señalan como fraudulento- por el que la familia se apoderó del parque, como la pertinencia del trueque que “oculta”, según dicen, cuál es el uso de suelo que solicitan, aunque se especifica en el convenio que deberá ser un “uso permitido”, por lo que en teoría el Gobierno tiene el poder de regulación.
Los vecinos han urgido a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) informe cual era el uso de suelo solicitado, lo que hasta la fecha no se ha dado oficialmente y los vecinos identificaron indirectamente por declaraciones del ex delegado Demetrio Sodi cuando se reveló que en el lugar se construirían torres de hasta 22 pisos.
En 2011 en la Asamblea Legislativa, los entonces diputados Víctor Hugo Romo, del PRD, y Lía Limón, del PAN, atendieron a los vecinos y presentaron diversos puntos de acuerdo para que las instancias correspondientes dieran una solución. Uno de ellos solicitó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) definir la situación jurídica del parque a lo que dicha instancia respondió que dicha solicitud “no estaba dentro de sus facultades”.
Pero la PAOT si opinó y señaló que “se debe mantener la actual zonificación de área verde, indistintamente de quien ostente la legítima propiedad del predio”.
Tras movilizaciones en la que incluso los vecinos complicaron la vialidad en Periférico durante las obras del segundo piso a inicio de 2012, el único compromiso que asumió el entonces delegado Sodi ante los vecinos fue no otorgar permisos de construcción en ese parque, salvo expresa orden judicial.
Al cambio de gobierno, el nuevo delegado Víctor Hugo Romo ha manifestado a los vecinos su respaldo como lo hiciera como diputado. Tras los hechos ocurridos, se reunió la víspera con le jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera ante quien solicitó la expropiación del predio.
El titular del GDF anunció hoy que revisará el caso. Romo Guerra reprobó los actos vandálicos y pidió castigo para quienes provocaron la gresca a la media noche en el parque.