Ante la presentación del caso de Alberto Patishtán Gómez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, legisladores federales aseguraron que ésa instancia internacional es la única quién podría decretar su libertad.

 

Loretta Ortiz Ahlf (PT) sostuvo que actualmente ya no hay nada que hacer en las instancias judiciales de México, debido a que se han agotado todas las herramientas legales a su favor.

 

La diputada petista indicó que existe en el sistema mexicano la posibilidad del indulto, sin embargo, “éste no es un recurso viable para el maestro, ya que así se estaría aceptando la culpabilidad de los hechos por los cuales lo mantienen encarcelado”.

 

“El indulto lo debe solicitar la persona que desea que se le conceda esta gracia, pero en este caso no lo van a requerir, ya que esto sería confesar que es culpable, y él no es culpable”, dijo.

 

Explicó que se debe solicitar urgentemente que se turne el asunto a esa Comisión sin que éste acepte el indulto o lo pida, además, después se deberá solicitar una indemnización por error judicial.

 

“Este hombre ha sido detenido y sentenciado a 60 años sin que existan pruebas contundentes, violando su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, ésas eran causas suficientes para haberlo liberado al probar que no estaba bien integrada la averiguación, ni bien soportadas las pruebas”, subrayó.

 

Por su parte, Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) lamentó la decisión del tribunal de Chiapas, pese a las pruebas validadas de las irregularidades en este proceso, por lo que instó a las autoridades internacionales en hacer “verdadera justicia”.

 

“La liberación hubiera sido una buena oportunidad para los pueblos indígenas; sin embargo no se obtuvo, vamos a esperar la estrategia de sus abogados ante la CIDH”, sostuvo en entrevista.

 

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) cuestionó que “el régimen político mexicano permita que todos los días se exoneren delincuentes y que a los inocentes se les someta a penas indebidas”.

 

Patishtán Gómez, un maestro indígena bilingüe, se encuentra preso en Chiapas desde hace 13 años, acusado de homicidio y lesiones calificadas, daños en propiedad ajena y portación ilegal de armas de fuego.

 

Es señalado como responsable de emboscar y matar él solo, a siete policías estatales que iban en una patrulla en un paraje ubicado entre los municipios de El Bosque y Simojovel, en junio de 2000, por lo que fue sentenciado a 60 años de cárcel.